La diputada de Libre, Silvia Ayala, ha contestado a la reacción en contra de la resolución del Poder Judicial que declara constitucional la amnistía política contenida en el decreto 4-2022. La congresista explicó que el espíritu del decreto busca la “reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan”.
Cuestiona, además, la moral de los legisladores y opositores del Partido Nacional, ya que la amnistía contempla una serie de requisitos y pasos para otorgar amparo a perseguidos políticos, en cambio, en 2010 se aprobó el decreto 2-2010 que protege a los autores del Golpe de Estado de 2009 y, por ese delito constitucional, “ni foros” televisivos se han hecho para cuestionarlo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Un total de 118 personas han sido beneficiadas con el decreto 4-2022, conocido como “amnistía política”, pero que originalmente se concibió como “Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan”, aprobado por el Congreso Nacional en febrero de 2022.
Esa iniciativa para buscar el perdón judicial de hondureños contra el golpe de Estado, que luego fueron perseguidos y juzgados por los golpistas en el Gobierno, sobre todo durante la dictadura de Juan Hernández, respondió a una promesa de campaña de la hoy presidenta constitucional de Honduras, Xiomara Castro, en aras de darle verdadera justicia a los presos políticos durante y después del crimen golpista realizado el domingo 28 de junio de 2009, que derrocó y forzó el exilio del presidente Manuel Zelaya Rosales.
El decreto fue cuestionado desde su nacimiento por la oposición política, cómplices y autores del crimen constitucional, que afirmó se trataba de “impunidad política”, ya que esa ley ampara a funcionarios en el gobierno de “Mel” Zelaya (2006-2009), no bastando y por temor a ser juzgados por sus delitos golpistas, presentaron ante el Poder Judicial recursos de inconstitucionalidad para derogar la medida, argumentando que también era un impedimento para instalar la Comisión Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Y fue ayer, 8 de octubre, que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar el recurso presentado, con votación de diez magistrados en contra y 5 a favor, otorgando de manera definitiva la constitucionalidad del perdón político que ordena el decreto 4-2022.
Sobre el hecho, la diputada de Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, durante su participación en el foro Frente a Frente, que dirige el periodista de Corporación Televicentro, Renato Álvarez, resaltó que de los 118 beneficiados con la amnistía, solamente seis son ex funcionarios, mientras que 68 son opositores políticos, 22 defensores de la soberanía, territorio y derechos humanos, y 22 son gremialistas.
Asimismo, criticó el discurso de la oposición política, principalmente el que proviene del Partido Nacional, que se opone a la resolución de la Corte Suprema, al afirmar que la decisión del pleno Judicial obedece a órdenes partidistas y que la vitalidad del decreto 4-2022 es un “golpe contra el pueblo hondureño”.
La diputada contestó que el decreto sigue un plan de restauración de la institucionalidad, ya que el golpe de Estado en 2009 fue catalogado por la comunidad internacional como un acto ilícito, mientras que en Honduras, sectores aún lo llaman como “sucesión constitucional”, recurso para cubrir el acto criminal que los afines al golpismo usaron y hasta buscaron explicar tras el delito de derrocamiento de Zelaya.
Durante y después del golpe de Estado, diferentes organismos internacionales documentaron asesinatos, detenciones arbitrarias, agresiones a manifestantes, tratos crueles, violaciones a mujeres, restricciones a la libertad prensa y la criminalización a la protesta social.
“¿Qué es lo que pasa? Se oponen a algo que se deriva de un delito, o sea, el golpe de Estado fue catalogado internacionalmente por la Corte Interamericana como un delito y derivado del golpe se produjo ruptura del orden institucional en el país que abarcó todo el sistema de impartición de justicia. La mayor parte de esos procesos [contra opositores al golpe] fueron construidos y fabricados en la preparación, durante y después del golpe de Estado ¿Qué validez puede tener cualquier investigación que se hizo por un Ministerio Público que fue parte y que estuvo apañando el golpe de Estado? ¿Qué validez pueden tener las investigaciones que se hicieron por miembro de una policía que en aquel momento participó también en el golpe y en otro tipo de actividades?”, cuestionó la congresista.
La legisladora explicó que el decreto también contempla validar el Acuerdo de Cartagena, firmado en 2012 por el entonces presidente nacionalista, Porfirio Lobo Sosa, y el destituido Manuel Zelaya, en el cual se reconoció –según Ayala– que los procesos contra funcionarios, incluido el expresidente Zelaya, eran políticamente motivados, sin embargo, cuando el convenio llegó al Congreso Nacional que dirigió Juan Orlando Hernández (2010-2014), hoy preso por narcotráfico, no lo aceptó.
Para Ayala, lo anterior y la aprobación del decreto 2-2010, que contiene otra amnistía, son el reflejo de la “hipocresía” golpista, ya que la ley anterior otorga salvedad a perpetradores de delitos de lesa humanidad y hasta terrorismo.
“¿Por qué no les preocupa la otra amnistía? el decreto 2-2010, de ésta ¿Cuántos foros hemos hecho y no hablo solo de este medio? imagínese que incluyeron el terrorismo. Por qué no hablamos de está amnistía contra las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad contra el pueblo hondureño, dónde están las investigaciones y dónde está la condena contra los asesinos de Isis Obed Murillo, un muchacho de 19 años que mataron en el aeropuerto con una bala de goma supuestamente, se acuerdan que hasta le retocaron la foto en La Prensa cuando salía la masa encefálica”, recordó.
A diferencia del decreto 4-2022, la amnistía aprobada por el Congreso de Hernández en 2010, “ordena que de inmediato los órganos jurisdiccionales competentes deberán de oficio o a petición de parte, sobreseer toda causa”, explicó Ayala. Sin embargo, la aprobada por la actual administración legislativa establece un procedimiento en el cual se debe acreditar al posible beneficiario la calidad de perseguido político con una constancia de la Secretaría de Derechos Humanos y del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
“Hubo gente que se acogió a la amnistía, pero no tenía esa condición de perseguido o perseguida política; otra cosa, aquí quién concede la amnistía es un juez o jueza, no le otorga el Congreso directamente. Hay personas a las que se les denegó el acogerse a la amnistía; ¿por qué no hablamos de esto?”, explicó la también abogada.
Sobre la negativa en la instalación de la CICIH por el decreto 4-2022 que ha dicho la oposición golpista, la diputada Ayala contestó: “imagínese usted que a Tomás Zambrano [jefe de bancada del Partido Nacional] le preocupa la CICIH dice él, pero no le preocupó y se coludió con otros diputados y diputadas para expulsar a la MACCIH, o sea, hablemos de congruencia verdad y ahora lo tenemos ahí indignado desde el carro ‘ay ya no va a venir la CICIH’”.
Y prosiguió aclarando que, por los componentes que contiene la ley, no es el Congreso otorgando perdón a los diferentes beneficiarios debido al proceso que se requiere para obtener la amnistía y añadió: “Este decreto de lo que habla [es que] se condena el golpe de Estado, porque aquí en Honduras todavía se decía que era una sucesión constitucional. Aparte de condenar el golpe de Estado, se trata de resarcir por la memoria de las víctimas, [según] dice el artículo número 2, o sea, sí para alguna gente es poca cosa todas las personas que torturaron, las mujeres que violaron, las personas que asesinaron, para nosotros y nosotras no y esto es el origen de este decreto”.
Ayala concluyó: “Yo escuché a uno de los magistrados exponiendo, todas las acciones que se derivan de la institucionalidad del país ya contaminada por un golpe de Estado carecen de legitimidad, ¿cuál fue la garantía del debido proceso de personas que estaban en el exilio? ¿Cuál fue la garantía del debido proceso cuando los militares entraron a punta de bayonetas y de armas a las oficinas de estos funcionarios y se llevaron toda la documentación? Y con base en eso, se prepararon acusaciones, todas ellas con posterioridad al golpe de Estado, entonces, yo creo que estos puntos también debemos de analizarlo”.
Deja un Comentario