En 2022 el Congreso Nacional aprobó el decreto 4-2022 que contiene la “Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan” como una medida de perdón a los hondureños víctimas del golpe de Estado del 2009.
La oposición afín al golpismo calificó la ley como un “pacto de impunidad”; sin embargo, un artículo publicado por EL LIBERTADOR en julio del 2009, deja en evidencia la brutalidad con la que militares, ordenados por golpistas, agredieron a miles de hondureños que salieron a protestar por el imperio de la ley, y que hoy se comparte una vez más en su redacción original.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La mañana del 28 de junio de 2009, los hondureños fueron sacudidos por la noticia de un nuevo golpe de Estado, el primero en el siglo XXI para el mundo, esta vez asestado contra el presidente Manuel Zelaya Rosales, orquestado por el expresidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, cúpulas empresariales y militares.
Los jóvenes jamás pensaron que vivirían en carne propia las anécdotas de los abuelos y éstos creyeron que la etapa de los golpes militares era sólo un mal recuerdo. Salieron indignados a las calles.
Fuera de Casa Presidencial, los manifestantes eran reprimidos con bombas lacrimógenas, tanques rociadores de gas pimienta y balas. En el centro de la capital, los militares protegían la «marcha» financiada por la oligarquía.
Desde ese día, el gobierno –de facto– decretó la suspensión de varias garantías constitucionales a través de los toques de queda durante dos semanas, mediante un decreto del Congreso Nacional. Según el vocero de la Policía Nacional, Héctor Mejía, «unas 1,286 personas fueron detenidas en todo el país».
A continuación, la lista de afectados, capturados y amenazados que publicó EL LIBERTADOR con información de Cofadeh y CPTRT:
Las garantías constitucionales restringidas fueron la libertad personal, detención e incomunicación por más de 24 horas, libertad de asociación y de reunión, y circular libremente, así como salir, entrar y permanecer en el territorio nacional.
En los primeros días, el toque de queda fue de 9:00 de la noche a 6:00 de la mañana (hora local), pero el 5 de julio se aplicó de 6:30 de la tarde a 6:00 de la mañana, minutos después que el gobierno de facto asesinara a Isis Obed Murillo Mencía, quien junto a más de 300 mil personas, se concentraron en el Aeropuerto Internacional Toncontín para recibir al presidente Zelaya.
REPRESIÓN
Desde el inicio del golpe de Estado, los simpatizantes del depuesto mandatario han sido reprimidos a punta de balas y gases irritantes por las Fuerzas Armadas, en complicidad del Ministerio Público (MP) y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio López.
Aunque al MP y Conadeh corresponde por ley ser los garantes de los derechos humanos de la población, se han plegado a la defensa de la oligarquía.
Pero los detenidos y heridos en las marchas no estaban tan solos, contaron con el apoyo solidario del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).
Cifras de estas instituciones revelan que durante el desalojo en Casa Presidencial, el pasado 29 de junio, Andrick Rodríguez, de 28 años, fue agredido por militares. Y es que, al menos 1,286 compatriotas han sido detenidos en todo el país durante las dos primeras semanas del golpe de Estado, orquestado por los grupos de poder económico y político.
«El humo de las bombas lacrimógenas, la tensión y los militares empujándonos, lo arruinó todo. Nosotros íbamos en paz», dijo Rodríguez a este rotativo. Recordó que «después de escuchar los disparos, mi esposa y yo tratamos de escondernos en una residencial cercana. Aunque sólo buscábamos refugio, no nos dejaron ingresar exponiéndonos a la muerte». Se trata de la residencial Tepeyac, una de las zonas más exclusivas de la capital.
Entre la multitud estaba Greace Ponce, que fue detenida y golpeada por policías de la posta del barrio El Manchén, a pesar de que tiene siete meses de embarazo. La joven fue liberada, al igual que varios compatriotas, gracias a las gestiones del Cofadeh, Ciprodeh y CPTRT.
Ese mismo día, 12 buses repletos de personas llegaron a sumarse a las protestas provenientes del departamento de Olancho, al oriente del país. Las unidades fueron detenidas a balazos para, posteriormente, golpear y detener a los ocupantes.
Un joven que se transportaba en uno de los autobuses, relató a EL LIBERTADOR: «Los militares comenzaron a hacer disparos al aire, pero al ver que la gente se bajó de los buses, dispararon a las llantas. Golpearon a muchas personas, entre ellas al padre Tamayo».
El sacerdote Andrés Tamayo, de origen salvadoreño, es conocido por su lucha contra los depredadores de los bosques olanchanos. Durante las manifestaciones a favor de la restitución del Presidente Zelaya, más de 100 personas han resultado golpeadas y heridas salvajemente por las fuerzas represivas del Estado, encabezadas por el general Romeo Vásquez Velásquez.
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