Con la decisión del Poder Judicial de declarar inconstitucionales las ZEDE, el titular de la Procuraduría General de la República, Manuel Diaz Gáleas, extendió que deben investigarse a los actores que dieron vida a las que él catalogo como una “aberración”.
Redacción Central/ EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Díaz Gáleas, calificó como una «aberración» la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) durante la administración del exgobernante Juan Orlando Hernández.
En declaraciones al periódico estatal, Poder Popular, Díaz Gáleas afirmó que las acciones de quienes impulsaron la creación de las llamadas “Ciudades Modelos” violaron principios fundamentales de la Constitución, atentando contra la soberanía del país.
«Las investigaciones pertinentes deben hacerse y todo aquel que fue parte de este proceso inconstitucional de creación de este adefesio jurídico tiene, responsabilidades que se deben deducir», expresó.
Las ZEDE que operaron en el país son Ciudad Morazán, en Choloma, Cortés; Orquídea, en San Marcos de Colón, Choluteca; y Próspera, en Islas de la Bahía.
El funcionario también hizo referencia a la demanda interpuesta por la ZEDE Próspera ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde reclama al Estado de Honduras alrededor de 11,000 millones de dólares.
«Estamos enfrentando de manera responsable, seria y patriótica esta demanda, acompañados por un equipo de abogados expertos en arbitraje internacional, todo dentro del marco de las instituciones y poderes públicos, sin coacción ni uso de la fuerza, y en plena aplicación de la Carta Magna», aseguró.
Díaz Gáleas añadió que la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria brindará las garantías necesarias para que las inversiones se adapten a los marcos legales nacionales, señalando que «la ficción de las ZEDE ya no es posible en Honduras».
La Constitución establece responsabilidades civiles, administrativas y penales para quienes vulneran sus principios, recordando que la única vía para modificar artículos pétreos es a través de una Asamblea Nacional Constituyente o mecanismos de consulta popular.
“Las investigaciones pertinentes deben hacerse y todo aquel que fue parte de este proceso inconstitucional de creación de este adefesio jurídico de las ZEDE, tiene responsabilidades que se deben deducir”, advirtió.
Para el representante legal del Estado, el fallo de la CSJ no solo cierra un capítulo en la historia de las ZEDE en Honduras, sino que también sienta las bases para un futuro más justo y equitativo.
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