Grupos de derechos humanos y familiares de reos protestaron exigiendo que se levante la política de prohibir visitas a Centros Penales. El coronel de la Policía Militar, Ramiro Muño, afirmó a EL LIBERTADOR que si quitan la medida, “hasta menores de edad” usarán para ingresar objetos prohibidos a los presos.
El oficial también se refirió a la construcción de la cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne: “¿Cuál es el problema de usar nuestro territorio para intereses nuestros? […] ¿Quién dice que el narcotráfico, las maras, las pandillas, las bandas criminales y no sé cuántos más intereses van a bloquear lo que se quiere hacer por el cuidado del pueblo hondureño?”
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Si se levanta la política que niega visitas a familiares de reos en cárceles de máxima seguridad, al día siguiente habrá al menos diez mujeres en el Ministerio Público por haber intentado ingresar objetos prohibidos al centro penal, ha dicho a EL LIBERTADOR el comandante de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y director del Sistema Nacional Penitenciario, Ramiro Muñoz.
La política, que consiste en suspender la visita de familiares de privados de libertad que están acusados por delitos de narcotráfico y los relacionados con maras y pandillas, fue implementada el pasado 2 de julio, lo que también ha generado reacciones entre los parientes de los reos, grupos de derechos humanos y opositores del Gobierno Castro.
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“Mire, [si] les damos una visita el fin de semana, vamos a tener diez mujeres en el Ministerio Público porque van a querer ingresar teléfonos, drogas y cualquier artículo prohibido, van a querer hacer el uso de los menores de edad que llevan ahí, entonces ¿no cree que también el Estado se debe reservar el derecho de prohibir este tipo de cosas?”, aseguró Muñoz.
Muños también se refirió a la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne, la cual ha encontrado una fuerte resistencia por parte de grupos de la comunidad científica, así como la oposición del oficialismo –a pesar que ellos implementaron múltiples leyes que atentan contra la soberanía y el ecosistema–. “La única forma de poder romper esa comunicación que hay entre los cabecillas y el crimen organizado es aislarlos, no hay otra”, puntualizó.
“No hay donde el crimen organizado no esté metido. En todo está metido y en todo quiere tener el control de todas las cosas. Entonces, ¿quién dice que el crimen organizado nos tiene que poner las condiciones a nosotros? ¿Quién dice que el narcotráfico, las maras, las pandillas, las bandas criminales Y no sé cuántos más intereses van a bloquear lo que se quiere hacer desde el estado para el estado y por el cuidado del pueblo hondureño?”, cuestionó.
Para el funcionario militar, es esencial hacer medidas de seguridad a favor de la sociedad, por ello ve con buenos ojos la construcción de la cárcel. El tema penitenciario en el país ha sido objeto de cuestionamientos, ya que se ha descubierto que desde las cárceles, cabecillas del crimen organizado siguen operando y han cometido crímenes como el año pasado el asesinato de más de 40 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Y subrayó: “Sobre lo que estamos haciendo nosotros en las cárceles, que ellos mismos miren si ha habido un cambio o no, pero, ¿Escucha problemas en los centros penales, escucha reyértas, escucha de prostitución o la venta de droga? Yo creo que hay una parte que es nuestra y que se ha puesto, pero también el Estado se reserva el derecho de aislar líderes de organizaciones para lograr lo que se quiere en seguridad y proteger a los hondureños”.
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