Las autoridades hondureñas han documentado que el flujo de migrantes en los primeros seis meses de 2024 fue de casi 259 mil extranjeros, lo que representa un aumento con relación a la misma fecha del 2023; sin embargo, en junio pasado se registró un descenso de alrededor de 15 mil personas.
Al mismo tiempo, Panamá y otras naciones han endurecido sus políticas fronterizas para frenar el flujo migratorio, cuyo destino principal es Estados Unidos, que ha impuesto sanciones económicas a países como Venezuela y Cuba, estimulando el éxodo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Junio presentó una leve disminución en el tránsito de migrantes extranjeros por Honduras. Según el Instituto Nacional de Migración (INM), durante ese mes hubo un flujo de 28,300 “indocumentados”, lo que representa una disminución de 15,635 en comparación con los 43,935 extranjeros que ingresaban mensualmente –en promedio– durante los primeros cinco meses del año.
El 2023 fue el año que más migrantes ingresaron de manera ilegal a Honduras, con una cifra de 543 mil personas, la más alta en su historia, siendo la mayoría de origen venezolano con 228,889 personas, seguidos de 85,969 cubanos y 82,249 haitianos.
La razón del porqué de la alarmante cifra –a criterio de analistas abordados por EL LIBERTADOR– se debe a diferentes aspectos políticos y sociales. En el caso de Venezuela, desde las autoridades de ese país se ha criticado que las sanciones interpuestas por Estados Unidos –que ascienden a más de 900 paquetes– ha influido en la economía, sin embargo, han estado en un proceso de estabilización luego de presentar altos índices de inflación.
La gran mayoría de indocumentados llevan por objetivo Estados Unidos, por lo que el paso por istmo centroamericano es obligatorio, en rutas que incluyen las terribles selvas del Darién [entre Colombia y Panamá], donde son víctimas de la dureza selvática y la mano criminal.
En Honduras, durante el 2023 miles de migrantes se estacionaron en ciudades como Danlí y Trojes, en el departamento de El Paraíso y pobladores comentaron a EL LIBERTADOR la preocupación por la parte sanitaria e higiene. Sin embargo, el Gobierno de la República agiliza los trámites y a través de la construcción de centros de atención a migrantes logró dar mayor agilidad al paso de indocumentados.
POLÍTICA “ANTIMIGRANTES”
Con la llegada de José Raúl Mulino a la presidencia de Panamá –quien tomó posesión el pasado 30 de junio–, se anunciaron medidas más severas para reforzar las fronteras panameñas al mismo tiempo que discutían un nuevo acuerdo con Estados Unidos para establecer políticas más severas.
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El acuerdo, financiado por el Departamento de Estado de EE.UU., pretende encontrar una solución integral al problema migratorio y una de las medidas será la deportación masiva de migrantes, así como cerrar el paso de inmigrantes ilegales por el Darién, un tema que se convirtió en una “grave crisis humanitaria”. Aunque no se ha establecido una fecha para comenzar las masivas deportaciones, Panamá ha instalado barreras de alambre de púas a lo largo de la selva.
La crisis migratoria se ha extendido también hasta las fronteras de México y EE.UU., donde el gobierno de Joe Biden emitió un comunicado donde anunció que retirará los asilos para indocumentados.
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