El secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, presentó hoy ante el Ministerio Público denuncias por malversación de cuatro fideicomisos que en total ocasionaron graves perjuicios contra la administración pública por alrededor de 95 mil millones de lempiras. Estos corresponden a cuatro casos: la Tasa de Seguridad, el fideicomiso SITEC del Instituto de la Propiedad (IP), Vida Mejor e Invest-H.
Las denuncias se hicieron contra el exdirector de la Tasa de Seguridad, recientemente extraditado a Estados Unidos, Francisco Cosenza; también contra el exsecretario de Estado en el régimen de Juan Orlando Hernández, Ebal Díaz. Asimismo, se denunció la violación a la Constitución de la República en el manejo de fideicomisos por parte de organizaciones de la sociedad civil, como el Fonac y el COHEP.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Estado de Honduras fue víctima de la corrupción en la administración de cuatro fideicomisos que ocasionaron pérdidas de alrededor de 95 mil millones de lempiras al tesoro nacional, denunció hoy ante el Ministerio Público (MP) el secretario de Finanzas, Marlon Ochoa.
Los presuntos actos de corrupción ocurrieron entre 2014 y 2022, detalló el funcionario, y estuvieron a cargo de personas de confianza del régimen del exgobernante Juan Orlando Hernández (2014-2022), hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico. Entre estos exfuncionarios destacan el secretario de Estado del régimen, Ebal Díaz.
También figura el exdirector de la Tasa de Seguridad, Francisco Cosenza, quien fue extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con el lavado de activos. EL LIBERTADOR publicó los derroches durante la dictadura de Hernández que se financiaron desde el “tasón”.
Al respecto, el vocero del MP, Yuri Mora, explicó que el Módulo de Recepción de Denuncias hará el recibimiento y análisis de la denuncia interpuesta por el funcionario, para posteriormente designar a una de las fiscalías especializadas en redes de corrupción para el seguimiento del caso.
Denuncia integra:
Señor Fiscal General de la República:
En defensa y salvaguarda de la Constitución de la República y del principio de legalidad, cumpliendo el compromiso asumido por la Excelentísima Presidenta Xiomara Castro de Zelaya y en mi condición de Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas; hago de su conocimiento hechos constitutivos de corrupción público- privada de alto impacto que han ocasionado graves perjuicios económicos contra las finanzas públicas, para su correspondiente investigación y presentación de requerimientos fiscales, específicamente en cuatro (4) casos: 1) Fideicomiso de la Tasa de Seguridad; 2) Fideicomiso SITEC del Instituto de la Propiedad (IP); 3) Fideicomiso de Vida Mejor, y; 4) Fideicomiso de INVEST-H.
El Director del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional, Francisco Roberto Cosenza ha sido extraditado hacia Estados Unidos de América, donde se ha declarado culpable por haber recibido coimas para beneficiar empresas con la adjudicación de contratos. Entre el 2012 y el 2022 este Fideicomiso ejecutó alrededor de 30,000 millones de lempiras, sin ningún control institucional y al margen de la Ley de Contratación del Estado.
Ebal Díaz, contra quien el Ministerio Público ya ha iniciado un proceso de privación de dominio, presidió el Consejo Directivo del IP, desde donde se tomaban las decisiones sobre los recursos del fideicomiso SITEC del IP, que ejecutó entre 2015 y 2022 alrededor de 19,000 millones de lempiras, incluyendo el corrupto proyecto de casas chatarra. Durante su gestión, se diseñó un esquema de corrupción público-privada que le permitió recaudar impuestos fuera de la Tesorería General de la República (TGR), y gastarlos sin ningún tipo de control administrativo al margen de la Ley de Contratación del Estado.
Señor Fiscal General; la utilización del esquema de fideicomisos para la ejecución de fondos públicos administrados vía comités técnicos integrados por miembros del sector público, el COHEP y la sociedad civil, violó flagrantemente la Constitución de la República en cuanto al principio de que la Cuenta Única del Tesoro (CUT) es la única autorizada para recibir los ingresos del Estado, así como la Ley Orgánica del Presupuesto (LOP), que declara como nulos de pleno derecho los gastos realizados fuera del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República (PGIER). Bajo este corrupto esquema se ejecutaron al menos CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES, NOVECIENTOS TREINTA MIL LEMPIRAS (L145,698,930,000.00), a través de los principales 82 fideicomisos.
El pueblo fue cargado con nuevos impuestos, cuya recaudación ingresaba a las cuentas de los fideicomisos en la banca privada y pública, sin registros en la Caja única del Tesoro (CUT), administrado sin los controles y la transparencia que manda la Constitución de la República, y asignados indiscriminadamente en contratos adjudicados a empresas y transferencias a ONGs. Al mismo tiempo que se implementaba este esquema, durante 12 años y 7 meses el régimen elevó la deuda pública de $3,200 MILLONES a más de $20,000 MILLONES. Sólo por la colocación de 3 bonos soberanos por $1,800 MILLONES en 2013, 2017 y 2020, el pueblo hondureño pagó a l bancos nacionales e internacionales, bufetes jurídicos y calificadoras de riesgo más de CUATROSCIENTO SETENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L470,000,000.00) en concepto de comisiones y servicios profesionales. U banco nacional cobró $6 MM de comisión por colocar un bono de $600 MM el 17 de junio de 2020.
La Presidenta Xiomara Castro ordenó rescindir y liquidar 82 fideicomisos mediante Decreto Ejecutivo en Consejo de Ministros No. PCM-09-2022 del 10 de mayo de 2022; al tiempo que remitió al Congreso Nacional las iniciativas de Ley para derogar los fideicomisos que fueron aprobados en el Poder Legislativo (Decreto Legislativo No. 66- 2022 del 15 de junio de 2022 y Decreto Legislativo no. 157-2022 del 12 de enero de 2023) ordenando a su vez a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) iniciar un proceso de auditoría de carácter administrativo.
Como resultado del proceso de liquidación ejecutado en el marco del Reglamento Especial de Rescisión y Liquidación de los contratos de Fideicomisos, aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 395-2022 y publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 4 de agosto de 2022, la Secretaría de Finanzas (SEFIN), ha encontrado los siguientes hallazgos:
- El Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, administrado por representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Foro Nacional de la Convergencia (FONAC) y un representante de la Presidencia de la República, ejecutó alrededor de TREINTA MIL MILLONES DE LEMPIRAS (L30,000,000,000.00) entre 2012 y 2022, de forma secreta, sin ningún control institucional y al margen de la Ley de Contratación del Estado. Del proceso de revisión se encontraron más de 130 contratos sobrevalorados, sin liquidación o ejecutados fuera de la naturaleza del Fideicomiso, entre los que se incluye la compra del avión presidencial, alquileres de helicópteros, la compra de 4,000 vehículos de patrullas, la compra de cámaras de seguridad y escáneres de los aeropuertos, boletos a conciertos, bebidas alcohólicas, viajes por turismo y además se pagó una tarjeta de crédito asignada al Director del Fideicomiso cuyos montos totales no contamos con documentación ni liquidación, pero sí está plenamente probado que el límite de uso mensual era de cincuenta mil dólares ($50,000). El Sistema Nacional de Emergencia 911, financiado también por el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, adjudicó un contrato de cámaras de seguridad, por más de CUATRO MIL MILLONES DE LEMPIRAS (L4,000,000,000.00) que trascendía dos períodos de gobierno sin ser aprobado por el Congreso Nacional. Además de los fondos provenientes de la Tasa de Seguridad, el Fideicomiso contrajo deuda hasta el año 2029 con la banca nacional a tasas de interés de hasta el 12%. A la fecha de su liquidación, el Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, que como hemos establecido estaba administrado por un Comité Técnico integrado por el COHEP, el FONAC y la Presidencia de la República, sin tener las facultades constitucionales ni legales, contrajo deudas por TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 38/100 (L3,766,994,617.38), con 5 bancos nacionales.
- El Fideicomiso SITEC del Instituto de la Propiedad (IP), constituye el principal símbolo de corrupción público-privada dentro de esta modalidad creada por el régimen a través del Congreso Nacional para administrar los fondos públicos como si fueran hacienda particular, saqueando el erario público violando impunemente la Constitución de República, la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Contratación del Estado. Bajo este oprobioso mecanismo de captación de dinero público proveniente de los impuestos de los contribuyentes, administrado a través de «comités técnicos» en el sistema financiero que suplantan las instituciones del Estado, se dilapidaron entre 2015 y 2022 alrededor de DIECINUEVE MIL MILLONES DE LEMPIRAS (L19,000,000,000.00).
- En este fideicomiso, entre otros proyectos que sirvieron para drenar fondos del erario público, se creó la Unidad Especializada Ejecutora de Proyectos (UEEP) dentro del IP, que promovió la construcción de casas chatarra en el ya conocido corrupto «Proyecto Morazán», como las casas contenedores en Lomas del Diamante, en un terreno en disputa. A iniciativa de la Presidenta Xiomara Castro, el Congreso Nacional liquidó este fideicomiso. Sin embargo, desacatando el mandato, durante la administración del Abogado Darío García, quien asumió la Secretaría Ejecutiva del IP a partir del 2022, y sin contar con su Consejo Directivo, quienes no reportaron a la SEFIN más de TRES MIL MILLONES DE LEMPIRAS (L3,000,000,000.00) que la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del IP mantuvo en cuentas bancarias de BAC Credomatic y Banco FICOHSA. Desde estas cuentas, desembolsaron más de DOS MIL MILLONES DE LEMPIRAS (L2,000,000,000.00) entre junio de 2022 y mayo de 2023, al margen de la Ley, sin transparencia, sin registro y sin informe a la Caja Única, del Tesoro (CUT), como mandaba el decreto legislativo de liquidación y su reglamento. El Fideicomiso fue creado con la finalidad de «Lograr la Transformación Digital del Instituto de la Propiedad», incluyendo el mantenimiento al Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP), suministro de placas vehiculares y la digitalización del registro de la propiedad vehicular, pero contrario a su finalidad, fue desviado a través de ONG y empresas constructoras contratadas para financiar subrepticiamente obras sociales, compras de estufas, insumos para salones de belleza, freidoras, máquinas para asar pollos, pavimentación de calles, canchas deportivas y viviendas sin ningún procedimiento de transparencia e incluso realizó transferencias a otros fideicomisos, como el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2), continuación del Fideicomiso FINA 1, que operó en BANADESA y del cual se desapareció su documentación. Entre marzo y junio de 2022, la Unidad Coordinadora de Proyectos del IP contrató 2 ONGs por un monto de más de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L150,000,000.00), sin que se haya entregado a la SEFIN un informe de liquidación de dichos fondos; la Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras (FIPADEH) por 122.5 millones de lempiras, contratada el 8 de marzo de 2022, y; la Asociación Ayudando con Amor por 39.5 millones de lempiras, contratada el 20 de junio de 2022, es decir, 5 días después de la publicación de la liquidación del Fideicomiso en el Diario Oficial «La Gaceta». El Fideicomiso de Vida Mejor, constituido en una cuenta especial del Banco Central de Honduras (BCH), ejecutó entre 2014 y 2022, más de TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS (L38,500,000,000.00), monto que se origina en el Decreto Legislativo que aumentó el Impuesto Sobre Ventas (ISV) del 12% al 15%, violentando el principio constitucional que prohíbe la creación de impuestos dedicados a fines específicos, y desconociendo la Caja única del Tesoro (CUT). Los fondos de este fideicomiso fueron transferidos a más de quinientas (500) ONG, la mayoría de sospechoso origen y manejo, vinculadas a directivos y funcionarios del régimen post-golpe de Estado. Los estados financieros e integración de estas ONG deben encontrarse en la Dirección de Regulación.
- Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC) de la Secretaría de Gobernación y Justicia (SEGOB), instancia obligada a investigar el origen y destino de estos fondos. En su gran mayoría, estos fondos no han sido liquidados ni devueltos al Estado. El Fideicomiso de INVEST-H, constituido en Banco de América Central Honduras S.A. (BAC-Credomatic), ejecutó entre 2018 y 2022 más de OCHO MIL QUINIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS (L8,500,000,000.00) provenientes de los impuestos a los combustibles (ACPV). Utilizando la figura del fideicomiso, se cometió el fraude de la compra de los hospitales móviles chatarra por más de MIL CIEN MILLONES DE LEMPIRAS (L1,100,000,000.00). Sin estar legítimamente autorizado por la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Presupuesto para endeudarse a nombre del Estado de Honduras, el fideicomiso contrajo deuda pública por casi TRES MIL MILLONES DE LEMPIRAS (L3,000,000,000.00). La documentación de respaldo de gran parte de los gastos erogados en el fideicomiso fue destruida y los servidores en que se alojaba la información sobre el fideicomiso fueron borrados. Las huellas dejadas por estos crímenes en diferentes ubicaciones y registros físicos y electrónicos deben ser levantadas de manera inmediata por el Ministerio Público.
De los 82 fideicomisos, los 4 descritos manejaron de manera directa y sin intervención de los órganos contralores del Estado alrededor de NOVENTA Y CINCO MIL MILLONES DE LEMPIRAS (L95,000,000,000.00) que el Ministerio Público debe investigar para proceder contra las redes de corrupción público-privada de alto impacto que operaron impunemente, determinando las responsabilidades penales y los perjuicios que ocasionaron al erario público.
Señor Fiscal General; los indicios racionales encontrados durante el proceso de liquidación de los fideicomisos dan cuenta de que este esquema, además de violatorio de la constitución de la República, la Ley Orgánica de Presupuesto, la Ley de Contratación del Estado y otra normativa nacional, fue un esquema que, a través de los comités técnicos promovió la entrega de coimas; la sobre valoración de bienes y servicios, así como el enriquecimiento ilícito de los partícipes, en detrimento y perjuicio de las finanzas públicas, con el agravante de que ahora las empresas beneficiadas por contratos de dedo, reclaman derechos ante tribunales de arbitraje.
Sin perjuicio que de la revisión de cada acto de contratación se obtengan las evidencias para definir los crímenes y delitos de corrupción público-privada que permanece en la impunidad, adjunto al presente oficio documentación pública consistente en: oficios, resoluciones, actas de comités técnicos, informes de liquidación, transferencias y listados de empresas y ONGS contratadas por los fideicomisos como evidencias incontrovertibles que demuestran los hechos que por este acto se notifican.
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