A unas semanas de que el gobierno anunciara su plan de Cero Deforestación 2029, el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, hizo un llamado a los entes de justicia a actuar para cumplir lo acatado por el Consejo de Defensa y Seguridad, luego de que se dejara en libertad a tres presuntos destructores del bosque.
«Si los entes de justicia no actúan, seguirán personas cometiendo delitos ambientales y ya vemos lo que ha pasado, no solo con la quema de bosques, sino también con la tala de árboles», dijo el director del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), Donald Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), José Manuel Zelaya, lamentó la liberación de personas que fueron capturadas por deforestar la parte núcleo del Parque Nacional «La Muralla», en Olancho.
Durante un operativo, las autoridades encontraron un arsenal que incluía un AK-47 y escopetas, además de viviendas construidas ilegalmente y terrenos desbrozados para ganadería extensiva y plantaciones de café en áreas protegidas. Sin embargo, apenas una semana después, los responsables fueron liberados.
«Producto de los operativos que hemos montado, hemos tenido capturas importantes, pero no es posible que dos o tres días después las personas que están relacionadas con actos delictivos estén puestas en libertad,» declaró Zelaya.
Zelaya puntualizó que hay un compromiso declarado por parte de los titulares de los tres poderes del Estado, pero «pareciera que los operadores de justicia no están comprometidos».
El director del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), Donald Hernández, explicó a EL LIBERTADOR que hay una gran necesidad de castigar adecuadamente los delitos ambientales. Una de las soluciones es reformar el Código Penal, ya que algunos delitos contemplados en la Ley Forestal no han sido penalizados adecuadamente.
“Los tractores que se dedican a saquear los recursos naturales han estado siempre ahí, siempre los han visto y han estado ahí a la luz de todos y nunca se ha operado contra ellos, entonces ahora lo que si exigimos es que para que no quede como cosa juzgada”, detalló el jurista.
Otro punto que desglosó es la reforma a la Ley Forestal, ya que contiene numerosos artículos que requieren modificaciones para que los fiscales puedan ejercer la persecución penal de manera más efectiva.
Por años, el tema ambiental ha quedado rezagado. Por ello, Hernández recuerda que «en el gobierno anterior tomaron decisiones donde se estaban reduciendo las zonas núcleo y ampliando las zonas de amortiguamiento simplemente para permitir que proyectos mineros explotaran las montañas».
Asimismo, advirtió que las entidades policiales y el Ministerio Público debe de tener cuidado con los procedimientos de captura a personas que cometen delitos ambientales, sobre todo, en recoger las pruebas necesarias para enjuiciarlas.
“Quien acusa es el Ministerio Público. Hay que ver la contundencia de la propuesta prueba por los funcionarios de la Fiscalía, porque hay veces que solo se mediatizan las cosas, hay que ver el cuidado y con qué celo recogieron los medios de prueba, con que son acompañadas estas personas antes los entes, solo así se procede”, señaló.
Además, explicó que las personas que cometen delitos ambientales se defienden en libertad debido a que no han cometido delitos anteriores. Esto les otorga el beneficio de poder ejercer su defensa en libertad y, en caso de demostrar su inocencia, no pueden ser juzgadas nuevamente por el mismo delito.
El togado manifestó su preocupación de que se esté hablando de enjuiciar a quienes atentan contra el medio ambiente únicamente porque acaba de pasar una oleada de calor, temiendo que ahora que han caído las primeras lluvias el tema deje de ser relevante.
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