“Más del 95 por ciento de lo que investiga definitivamente sucedió en administraciones anteriores”, así ha reaccionado el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, luego que el Ministerio Público informara de acciones de investigación por supuestamente otorgar contratos a empresas de familiares del controversial edil.
Redacción central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Este lunes, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público (MP), han ejecutado una nueva inspección en la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, en busca de documentos relacionados con contratos de infraestructura que, según investigaciones preliminares, fueron otorgados por el alcalde Roberto Contreras a empresas constructoras vinculadas a sus parientes.
El MP investiga también los posibles vínculos de este caso con un contrato de recolección de basura, barrido de calles, corte y poda de parques y bulevares y manejo de desechos sólidos, otorgado a la empresa mercantil “SULAMBIENTE”.
La indagación se centra en determinar si hubo irregularidades y favoritismos en la adjudicación de estos contratos, lo que podría constituir un caso de corrupción. “En ese sentido, se tiene planificado realizar inspecciones y decomiso de documentación en diferentes oficinas de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula; así como, en sociedades mercantiles relacionadas con los hechos que investiga el MP”, apunta el comunicado oficial.
Por su parte el alcalde de la “capital industrial”, ha declarado que la investigación de la Fiscalía está centrada en acciones de alcaldes anteriores su gestión: “Más del 95 por ciento de lo que investiga definitivamente sucedió en administraciones anteriores. No tenemos vinculación con el contrato de Sulambiente”.
Además, Contreras ha causado controversia porque este lunes se declaró en huelga de hambre en el Parque Central de la ciudad, alegando que el Gobierno Central aún no ha hecho la transferencia para los proyectos que desea ejecutar en la urbe.
Los supuestos delitos que se podrían adjudicar en este caso van desde fraude, malversación de caudales públicos, violación a los deberes de los funcionarios, entre otros.
Deja un Comentario