La Procuraduría General de la República (PGR), informó este viernes que ha obtenido una sentencia favorable para los hondureños en la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, en un caso donde se pretendía que, a través de Comisión Liquidadora de la extinta Secretaría Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), se pagara 1,200 millones de lempiras; lo anterior apelando a una resolución dictada en primera instancia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
COMUNICADO
La Procuraduría General de la República COMUNICA que ha obtenido sentencia favorable al Estado de Honduras en la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación con:
Demanda de Ejecución Forzosa de Titulo Extrajudicial registrada bajo el expediente número 0801-2023-04538-CPEE, cuya pretensión era que el Estado de Honduras a través de la Comisión Técnica Liquidadora de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) pagara la cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (L. 1,602,642,963.09). Esta
Representación Legal del Estado en el ejercicio del derecho de defensa interpuso Recurso de Apelación ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán contra la sentencia de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil veinticuatro (2024) dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, obteniendo un Fallo favorable que REVOCA la resolución dictada en primera instancia evitándose erogar de esta forma la cantidad de MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON NUEVE CENTAVOS (L.
1,602,642,963.09), garantizándose así la protección de los intereses del Estado que por mandato constitucional nos corresponde.
La Procuraduría General de la República reitera su apego irrestricto a la mision constitucional de defensa efectiva del Estado de Honduras, en aras de salvaguardar los intereses de la nación hondureña y de nuestro pueblo.
Tegucigalpa M.D.C. 31 de mayo de 2024
Procuraduría General de la República
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