El Ministerio Publico abrió dos líneas de investigación para dar con los responsables del robo de al menos 114 kilos de cocaína sustraídos del Tercer Batallón Militar de Naco, departamento de Cortés. La droga fue confiscada en 2019, según comunicado del cuerpo castrense y permaneció en cuartel hasta su robo.
El abogado y experto en crimen, Gonzalo Sánchez, detalló las numerosas incongruencias en el manejo de la droga confiscada, como dejarla en el cuartel militar y no proceder a su destrucción y señala que estos eventos, evidencian que: “El narcotráfico sigue persistiendo en las entidades policiales”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Al menos 114 kilos de cocaína fueron robados del Tercer Batallón Militar de Naco, Cortés, informaron las autoridades. La droga fue decomisada a un supuesto narcotraficante nicaragüense en 2019 y permaneció en el cuartel militar sin ser destruida, hasta que diversas fuentes reportaron que parte de la sustancia ilícita fue sustraída y cambiada por harina.
Según el comunicado de la institución castrense, la droga fue robada entre noviembre de 2023 y enero de 2024, en un momento donde la mayoría de los efectivos militares estaban realizando maniobras tácticas en el departamento de Gracias a Dios.
Al respecto, el abogado y criminólogo, Gonzalo Sánchez, explica a EL LIBERTADOR que hay varias incongruencias en cómo las autoridades manejaron la droga incautada, en primer lugar, el Ministerio Público (MP) cuenta con una bodega especial para evidencias: “No sé por qué razón no la enviaron al almacén de esa institución y, por otro lado, un batallón no es un lugar adecuado como para guardar la droga”.
Según los reportes, el motivo de la sustracción de la droga pudo ser para su comercio, ya que, al ser producto con un alto grado de pureza, su precio podría rondar los 36 millones de lempiras, lo que se abre a diversos supuestos, como si hubo mano criminal y cuanto se pudo haber pagado a personal interno para facilitar su robo.
“Estamos hablando de una institución como las Fuerzas Armadas, que se supone son garantes de justicia. Si ese acto se llevó a cabo, esa orden no fue de cualquiera, como un Sargento o un Cabo, eso lo tuvo que haber ordenado gente grande. Eso fue por instrucciones de personas que son altos oficiales de las Fuerzas Armadas”, argumenta Sánchez.
Y es que, el nexo del narcotráfico con entes de seguridad fue un hecho que salió a la luz pública durante el juicio donde Juan Orlando Hernández, fue hallado culpable por narcotráfico y delitos relacionados, éste en su gobierno (2014-2022) –según la Fiscalía de New York– utilizó la institucionalidad y sus fuerzas de seguridad, para proteger a sus socios.
En las investigaciones de la Fiscalía Sur de New York contra el exmandatario Hernández, se detalla también cómo la influencia de éste llegó a las altas esferas del poder, como su sociedad con el entonces Fiscal General de la República, Oscar Chinchilla y el exdirector de la Policía Nacional, Oscar “el Tigre” Bonilla, también preso en EE.UU. por narcotráfico.
Expertos han dicho a EL LIBERTADOR que si bien, las cabezas del “monstruo que instaló un narco-Estado” en Honduras ya no está, parte del cuerpo aún permanece en esas instituciones públicas; es así que, a criterio del abogado Sánchez, el narcotráfico sigue metiendo mano en los grupos de seguridad.
“El narcotráfico sigue persistiendo en las entidades policiales, desde luego que sí. [Lo que pasó] es sinónimo que algunas personas siguen con el narcotráfico todavía en algunas instituciones”, sentencia el togado.
Sánchez también hizo énfasis en que la actual administración ha realizado una lucha frontal contra el trasiego de estupefacientes, decomisando grandes cantidades de drogas y destruyendo laboratorios que se encargan de su producción.
“Incluso han desarticulado laboratorios donde se están procesando la cocaína en Honduras y ya no es necesario traerla de Sudamérica, la están procesando aquí. Entonces, ese acto de haber hecho ese cambio de cocaína por harina, eso no debe asustarnos, porque si se está cultivando y se está produciendo en Honduras, pues es fácil poder persuadir a alguien pagándole cantidades fuertes de dinero para que acceda a cometer un acto de tal naturaleza”, resalta.
Luego del decomiso y previo a ser llevada como evidencia, la sustancia fue analizada por peritos forenses y, con las actas entregadas, confirmaron que se dejó en depósito la cocaína decomisada en Trujillo, Colón.
Sánchez concluye que tanto el Gobierno como las instituciones que imparten justicia deben hacer una investigación donde se identifique a los involucrados, citando quién era el fiscal que llevaba el caso, el juez o tribunal que manejó el proceso y que se justifique por qué la droga no fue destruida; e incluso debe haber indagación sobre el comandante del jefe militar asignado a ese batallón.
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