La crisis ambiental en Honduras es grave. Por ello, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, al mando de la presidenta Xiomara Castro, se reunió en Gracias a Dios para discutir las nuevas políticas de seguridad ambiental, donde se destaca la estrategia de “Cero Deforestación”, con un presupuesto total de 19 mil millones de lempiras y anular jurídicamente los proyectos de urbanización en áreas protegidas.
El punto focal de este proyecto será la preservación de los bosques, especialmente en la Biosfera del Río Plátano, los bosques de Olancho (de los más afectados por incendios y tala) y el endurecimiento de los delitos ambientales, sin embargo, no ha habido discusión de otros temas contaminantes como la emisión de gases y la mala praxis agrícolas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Consejo Nacional de Defensa (CNDS), que preside la mandataria hondureña, Xiomara Castro, estableció el nuevo programa de “Cero Deforestación al 2029”, como medida para contrarrestar la destrucción de los bosques de Honduras, principalmente en la biosfera del Río Plátano y que ha sumado a la grave situación de contaminación ambiental en el país.
Dentro de los puntos que se destacó en la reunión es el alto índice de impunidad en delitos ambientales que, para el 2022, era de un 97 por ciento. Prueba de ello es que la Fuerza Interinstitucional Ambiental ha capturado a 153 personas por estos crímenes, pero sólo tres están en prisión y el resto ha sido puesto en libertad.
Ante estos números, la Corte Suprema de Justicia dispondrá de tres jueces con jurisdicción nacional, de igual manera, el Ministerio Público pondrá a disposición tres fiscales, quienes permanecerán en las zonas protegidas a manera de darle visibilidad y agilizar los procesos judiciales contra personas que socavan los bosques y, al Poder Legislativo, revisar el Código Penal para aumentar las penas contra los detractores del ecosistema.
Asimismo, se informó que se anulará jurídicamente los proyectos de urbanización en las zonas núcleos de las áreas protegidas, así como las actividades agrícolas, ganadería, minería, dragado de ríos, entre otros, que se desarrollen en estas zonas.
Las Fuerzas Armadas aumentaron el número de sus batallones de cuidado del ambiente y la fauna hasta ocho mil efectivos, a fin de disminuir los daños ambientales.
Las medidas del gobierno también buscan atender la demanda de los pueblos originarios que por año han sufrido de abusos y amenazas, obligándolos a dejar sus tierras. Al respecto, el CNDS acordó, junto al Ministerio Público, investigar los títulos de propiedad inscritos ilegalmente, sobre todo los responsables del despojo contra los pueblos originales.
A continuación, el proyecto de conservación ambiental íntegro (deslice hacia la derecha sobre cada imagen):
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