El exdirector de la Tasa de Seguridad, Francisco Roberto Cosenza, podría enfrentar una pena de hasta 30 años, al declararse culpable de lavado de activos, confirmando que aceptó sobornos de ciudadanos estadounidenses a fin de otorgarles contratos por alrededor de 10 millones de dólares para suministrar uniformes y otros insumos a la Policía Nacional.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El exdirector del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad Poblacional durante el régimen de Juan Orlando Hernández, Francisco Roberto Cosenza, se ha declarado culpable del delito de lavado de activos en Estados Unidos, donde permanece en prisión luego de ser extraditado en abril del presente año.
La información fue proporcionada por el portal web, Pro Honduras Network. Según la acusación, Cosenza permitió sobornos con la finalidad de asegurar contratos para suministrar uniformes y otros artículos a la Policía Nacional de Honduras.
Las investigaciones detallan que entre 2015 y 2019, Carl Alan Zaglin, ciudadanos estadounidense de 68 años y dueño de una empresa de fabricación de uniformes y accesorios para las fuerzas públicas, junto a su compatriota, Aldo Néstor Marchena, de 50 años, quien era residente de Boca Ratón, Florida, acordaron sobornar a funcionarios del Gobierno Hernández, entre ellos Cosenza, a fin de garantizar contratos con la Tasa de Seguridad por un valor superior a los 10 millones de dólares.
Una de las funciones del “Tasón”, como se le conocía al famoso impuesto, era brindar las herramientas necesarias para los fuerzas de seguridad pública.- Con los sobornos pagados, Zaglin y Marchena obtuvieron contratos para ser proveedores de la Policía.
Y, a manera de ocultar la corrupción, tanto Zaglin, Marchena y Cosenza –y otros involucrados– presuntamente lavaron las ganancias por medio de cuentas bancarias y empresas testaferro en los Estados Unidos y Belice. Según la investigación de las autoridades estadounidenses, los involucrados habían enviado más de 166 mil dólares estadounidenses a cuentas bancarias controladas por Cosenza y otro funcionario.
Cosenza y los otros acusados podrían enfrentar una pena máxima de 20 años de cárcel por cada uno de los delitos de lavado de activos, y otros 10 años por el cargo de participación en transacciones con bienes derivados del delito; además, cinco años de prisión por cada uno de los delitos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
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