Según la carta firmada por los más de 300 académicos, entre ellos profesionales del derecho y economía, exigen al Gobierno estadounidense de Joe Biden, eliminar El Sistema De Solución De Controversias Entre Inversores Y Estados (ISDS), porque decenas de acuerdos aún “continúan permitiendo que las empresas privadas cuestionen las políticas de interés público, lo que resulta en un despilfarro de ingresos fiscales y un enfriamiento regulatorio”.
En Honduras, el Gobierno que dirige Xiomara Castro, ha tomado la decisión de denunciar el arbitraje internacional que suscriben con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entidad del Banco Mundial, al que han considerado un mecanismo que se ha corrompido, socavando la soberanía de los Estados promoviendo una justicia desigual.
Agencias / EL LIBERTADOR
Más 300 académicos del derecho y la economía pidieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eliminar el sistema de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS) en los acuerdos comerciales y de inversión existentes en Estados Unidos, al que consideraron un mecanismo que cuestiona las políticas públicas y malversa los ingresos fiscales.
El presidente Biden cumplió su primera de excluir el ISDS de las nuevas negociaciones internacionales, pero hay contratos que aun estipulan este mecanismo “[y] por lo tanto, continúan permitiendo que las empresas privadas cuestionen las políticas de interés público, lo que resulta en un despilfarro de ingresos fiscales y un enfriamiento regulatorio”, cita la solicitud.
La carta fue dirigida por Joseph Stiglitz (Columbia), Laurence H. Tribe (Harvard), William Snape (estadounidense), Kevin P. Gallagher (Universidad de Boston), Zephyr Teachout (Fordham), Alan B. Morrison (George Washington), Dani Rodrik, (Harvard), Alicia Ely Yamin (Harvard), Rob Howse (NYU) y Jayati Ghosh (UMass Amherst). A continuación se encuentran citas de profesores seleccionados.
Recientemente, los congresistas estadounidenses, Linda Sánchez y Lloyd Doggett, lideraron la mocion para eliminar el ISDS del Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA), acción que recibió el apoyo de otros 50 parlamentarios. Además, la senadora Elizabeth Warren, Doggett y otros 40 representantes/senadores, lideran la petición de eliminación definitiva del mecanismo de los demás tratados que tiene EE.UU.
Otra carta también fue firmada por representantes y senadores, resaltando el “atroz caso” de la empresa estadounidense Prospera Inc., dueña de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Prospera, ubicada en la aldea de Crawfish Rock, Roatán, Honduras y que demandó al Estado centroamericano por casi 11 mil millones de dólares.
La demanda fue llevada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entidad ligada al Banco Mundial. El motivo fue la derogación de una ley que permitía ciudades privadas y ante las irregularidades en el proceso, el país centroamericano anunció la salida del convenio que juzga la mayoría de los casos ISDS.
“La ISDS no ha logrado la prosperidad económica prometida a los países en desarrollo. Ni siquiera ha sido eficaz a la hora de atraer inversión extranjera, como se prometió. En cambio, ha permitido que las grandes corporaciones multinacionales socaven la capacidad de los países para abordar el cambio climático y otros desafíos urgentes, las han obligado a recurrir a costosos litigios y han enriquecido injustamente las arcas corporativas a expensas del bienestar de los países. El presidente Biden tiene razón al oponerse a la expansión del ISDS y ahora debe tomar medidas para poner fin a este sistema”, sentenció el Premio Nobel y Profesor de Economía en la Universidad de Columbia,Joseph Stiglitz.
En Europa, el parlamento europeo votó para regular el arbitraje internacional que impide a los países del viejo continente, optar por medidas energéticas más amigables con el medio ambiente, uniéndose a la tendencia de rechazar el arbitraje internacional que impide la legítima defensa de los países.
“La ISDS debilita el Estado de derecho al facultar a un solo conjunto de actores –los inversores extranjeros– para presentar demandas contra los gobiernos a través de tribunales especiales y privados que carecen de muchas de las protecciones procesales de un tribunal real. Me complace que, más allá de las líneas partidistas, los responsables políticos, incluido el presidente Biden, ya no apoyen la expansión del sistema ISDS, e insto a la administración a trabajar con socios comerciales para eliminar este mecanismo anticuado de los acuerdos comerciales y de inversión existentes”, afirmó el profesor de derecho de la Universidad de Harvard y ex catedrático de Barak Obama, expresidente de EE.UU., Laurence Tribe.
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