Representantes de los pueblos de la Moskitia hondureña han sido contundentes con relación a la concesión de petróleo: sin derecho a consulta y garantía de mitigación y política social, no hay beneficio a las comunidades –que ya afrontan crisis por narcotráfico, ganadería y tala ilegal–; ayer, las organizaciones Cespad y Oxfam Honduras, han presentado a la sociedad un informe donde se cuestiona la falta de transparencia en los resultados de las exploraciones.
En tanto, como representante del Gobierno, el subsecretario de energía, Tomás Rodríguez, perfiló que el país aún no tiene condiciones para pasar a explotación, ya que el análisis de más de 3,000 documentos no les ha dado indicios científicos que permitan sacar “oro negro” del territorio; según investigación de EL LIBERTADOR, desde hace 120 años el país es codiciado por petroleros.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El proceso de consulta previa e informada con las comunidades de la Moskitia hondureña, acerca de la concesión petrolera para exploración –cuyo primer registro data desde hace más de un siglo, según investigación de EL LIBERTADOR–, sigue siendo un eslabón débil en materia de protección al patrimonio indígena y defensa de los recursos naturales.
Ayer jueves el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), en conjunto con la organización Oxfam Honduras, han presentado un informe que plantea dos preocupaciones fundamentales: desde el inicio de la concesión para exploración petrolera nunca hubo un adecuado proceso de consulta con estándares internacionales; la segunda, según comunidades que habitan el pulmón de Centroamérica, el proceso no ha sido nada transparente.
De acuerdo con la investigación de EL LIBERTADOR, publicada en su primera etapa en la edición mensual PDF de junio 2022, la concesión activa fue firmada en 2013 y ha pasado entre varias empresas, la mayoría de ellas con sede en Reino Unido, en especial BG International Limited Sucursal Honduras o BG Group Honduras, quien el 30 de nombre de 2016 cedió los derechos contractuales (85 por ciento) a la sociedad mercantil Azipetrol Honduras S.A., representada por la señora Evangelina Lardizábal.
El reportaje expone que el 4 de junio 2018, se firmó un acta donde aprobaron el cierre permanente de la sucursal en Honduras de BG International, tras una inversión de 54 millones de dólares en la exploración de unos 35,000 kilómetros cuadrados que comenzó en 2014.
DE INTERÉS: ¡EXCLUSIVA! HONDURAS SIN CONDICIONES PARA EXPLOTAR PETRÓLEO EN LA MOSKITIA
Sobre el tema, el representante de La Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), abogado Santiago Flores, ha compartido con este periódico que los procesos de consulta previa e informada nunca han sido bien ejecutados y, para optimizar las jornadas de información con los pueblos, el Acuerdo de Escazú –aun no aprobado por Honduras– y que es una herramienta para la protección del medio ambiente y los derechos humanos, será clave.
El Acuerdo de Escazú, busca garantizar el acceso a la información de proyectos de explotación de recursos naturales, la participación ciudadana y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina.
Con esa premisa, Flores observó que “ahí tenemos varios elementos relacionados con los otros convenios internacionales que son de mucho interés para nosotros. Sin embargo, tenemos entendido que está en el Congreso, pero no ha continuado con la discusión para su aprobación, que para nosotros sería muy importante que ese acuerdo ya entre en vigencia”.
Además, valoró que si bien existe un marco legal que ratifica la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que aborda el proceso de consulta previa e informada, éste no se ha respetado en cientos de actividades que los gobiernos han hecho en territorio indígena, “con el tema petróleo no se nos respetó”.
Destacó que luego que el Congreso otorgara la concesión si hubo un acercamiento de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna/MiAmbiente) donde se acordó una etapa de socialización en 13 asambleas, pero ´”no se llegó a un acuerdo, no hubo consenso en el sentido que no fue una consulta previa antes de la aprobación de la concesión”.
Flores destacó que las comunidades están expectantes que el Acuerdo de Escazú entre al territorio hondureño para que haga un refuerzo al derecho de consulta y otros beneficios en materia de justicia, pues ya han expresado a las autoridades sus preocupaciones con relación a los riesgos de explotación petrolera –si se encuentra evidencia–, mitigación de daños y, sobre todo beneficios sociales.
Al respecto, el subsecretario de Energía, Tomás Rodríguez, destacó que según los informes recientes elaborados por la multinacional BG Group –entre otras–, sobre la exploración de petróleo, el Gobierno aún no ha podido llegar a una decisión sobre si procede o no la etapa de explotación del “oro negro”, ya que siguen en análisis de más de 3,000 documentos de alta confidencialidad.
Según el funcionario, todavía no hay evidencia contundente sobre la existencia de petróleo para explotación en el territorio nacional; y reiteró que como Gobierno siguen estudiando la documentación que abarca miles de documentos sobre las diferentes etapas de estudio desde la firma de concesión en 2013.
Entre las conclusiones del informe presentado por Cespad y Oxfam Honduras, destaca que el sector privado nacional y extranjero, “también tiene que asumir la responsabilidad de respetar los derechos humanos de las poblaciones indígenas, sobre sus territorios y recursos naturales, además de cumplir la normativa nacional y de realizar las consultas previas, libres e informadas bajo los estándares internacionales”.
Deja un Comentario