La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró culpable al Estado de Honduras por la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2012; la acción fue realizada por el Congreso Nacional que lideraba su entonces presidente, Juan Orlando Hernández, hoy culpable de narcotráfico.
La demanda obliga al Estado de Honduras a pagar una ostentosa cantidad de dinero a los afectados, pero a criterio del jurista, Joaquín Mejía, la Constitución de la Republica establece en su artículo 324 que se debe actuar contra los entonces diputados que avalaron ese golpe al sistema de justicia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En 2012 el Congreso Nacional (CN), que entonces era liderado por Juan Orlando Hernández, destituyó a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) luego que éstos detuvieran el ilegal proyecto de las “Ciudades Modelo” –hoy conocidas como las ZEDE–; la acción dio pie a una demanda de los afectados contra el Estado de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que esta mañana determinó castigar al país.
El veredicto en favor de los cuatro magistrados, obliga al Estado a pagar a cada uno de los afectados, 80 mil dólares por indemnización, otros 40 mil por daños materiales, 25 mil dólares más por daños morales, 10 mil por concepto de gastos y, finalmente, 30 mil dólares por otros conceptos, haciendo un total de 185 mil dólares por cada víctima, es decir que en total, son al menos 18 millones de lempiras.
El abogado y experto en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, puntualizó que la Procuraduría General de la Republica (PGR), debe actuar con firmeza contra cada uno de los diputados y otros funcionarios que avalaron la destitución que nunca tuvo parámetros de legalidad, argumentando la implementación del artículo 324 constitucional.
“¿Quién pagará todo este dinero? El artículo 324 de la Constitución de la República es claro: ‘Se ejercerá la acción de repetición en contra de la persona funcionaria que, en el ejercicio de su cargo, infringe la ley con culpa o dolo en perjuicio de particulares’”, apuntó el togado.
La destitución de los entonces magistrados, que responden a los nombres de Rosalinda Cruz, José Antonio Gutiérrez, Gustavo Bustillo y José Francisco Ruiz, fue aprobada por 93 de los 128 congresistas de ese entonces y que, según el artículo 324 constitucional, deben responder ante la justicia.
“Por tanto, la Procuraduría General de la República debe presentar demandas civiles en contra de las personas diputadas que votaron por esa destitución ilegal y de las personas magistradas que no resolvieron a favor el recurso de amparo presentado por las víctimas”, sentenció Mejía.
Los cuatro magistrados fallaron contra las “Ciudades Módelo”, proyecto insignia que promovía Hernández como presidente del CN bajo el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) que, tras asaltar la justicia para apartar a los cuatro funcionarios, que componían la Sala de lo Constitucional, retomó el plan para despedazar el territorio nacional, ahora bajo el nombre de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Los magistrados, se apersonaron a la CIDH para exponer la ilegalidad de su separación, señalando en cartas públicas que Juan Hernández –condenado en marzo reciente por narcotráfico–, siendo jefe del Legislativo “nos acusó públicamente de estar vinculados al crimen organizado. Esta acusación nunca fue llevada ante los tribunales ni se presentó prueba alguna al respecto, ya que el presidente del Congreso sólo pretendía amedrentarnos, amenazarnos y eludir cualquier tipo de responsabilidad ulterior”.
Hernández había dicho que si en el pasado se destituyó a un Fiscal General, el caso del abogado Ovidio Navarro; al procurador, Leonardo Matute; y, al presidente Manuel Zelaya, entonces también lo iban a hacer con los entonces magistrados.
Sobre el tema, el abogado Omar Menjivar también ha sido contiende al sugerir que la PGR debe instar la acción de repetición contra cada uno de los 92 responsables de la “destitución abusiva de los magistrados al igual que contra todo funcionario que solapó esa acción. Lo propio tiene que hacer el MP”.
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