El secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, ha lamentado que el grupo selecto de multimillonarios hondureños, compuesto por 10 familias, apenas paga en impuestos tres lempiras por cada millón que ganan y que, si Honduras pusiera en marcha el proyecto del estadounidense Joe Biden, que pretende que los ricos tributen un 25 por ciento de sus ingresos, éstos clanes harían un escándalo.
El funcionario detalla que la Ley de Justicia Tributaria, no solo contempla eliminar exoneraciones que no han dado resultados a la sociedad, sino también crear un mecanismo para que el Servicio de Administración de Rentas (SAR), pueda identificar si los grandes millonarios del país evaden impuestos en paraísos fiscales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Marlon Ochoa, ha lamentado que en Honduras las 10 familias más ricas del país apenas pagan en impuestos unos míseros tres lempiras por cada millón que ingresan por sus negocios.
Lo anterior, luego que abordara sobre el proyecto de nueva Ley Tributaria que sigue discutiéndose con sectores de la sociedad para eliminar 14 de los 18 regímenes de exoneraciones fiscales que existen en el país, al igual que ocho decretos que tienen que ver con exoneraciones aprobadas entre 2011 y 2021.
Ochoa ha mencionado que el Gobierno no está conforme con los beneficios que reciben estas empresas de un grupo selecto de familias, ya que: “Vemos qué tributan estas 10 familias, tres lempiras por cada millón de lempiras que les ingresan es decir que aquí la tasa de tributación efectiva es del 0.3 por ciento”.
Además, enfatiza que, mediante la Ley de Justicia Tributaria, están proponiendo reestructurar el esquema de incentivos fiscales, otorgando al Servicio de Administración de Rentas (SAR) acceso completo a información, esta medida permitiría identificar si los grandes millonarios del país han recurrido a paraísos fiscales para evadir impuestos.
El funcionario también ha señalado el ejemplo de Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden ha propuesto que las personas con mayor estatus económico, paguen un 25 por ciento de sus ingresos en impuestos, contrastando esta medida con la situación actual en Honduras, donde quien menos tiene paga más.
“Ya se imaginan ustedes la reacción si nosotros propusiéramos a los ricos de este país tributar un 25 por ciento, si este año hemos visto una reacción exacerbada de la élite económica que quiere seguir gozando de preventas y privilegios ocultando sus ganancias en paraísos Fiscales, en detrimento del resto de la población que tiene que pagar impuestos indirectos para compensar este agujero fiscal”, condena el funcionario.
Sobre el tema también ha reaccionado el diputado del Partido Nacional (PN), Jorge Zelaya –quien aspira a ser candidato en 2025– refutando la disparidad en el pago de impuestos, organizando “misas negras” en espacios fuera de los órganos que se encargan de regir la institucionalidad.
“Hay una desigualdad exageradamente notoria en el país generada por una cúpula de gente que ha llegado al poder a través de un sector privado, pequeño, corrupto y coludido con políticos porque antes las leyes no se hacían en el Congreso Nacional sino en instituciones, empresas privadas, casas particulares y eso es inaceptable”, sentencia.
El congresista ha instado a que las familias más ricas del país contribuyan más al sistema tributario para ayudar a combatir la pobreza que afecta a más del 70 por ciento de la población hondureña.
Las reformas tributarias planteadas en la ley, han enfrentado al Ejecutivo y al Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que señala que en el sector privado no hay resistencia a una revisión de las exoneraciones fiscales, pero que no están de acuerdo con varios de los puntos planteados por la administración de Xiomara Castro.
En este sentido el Director Ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, se ha pronunciado referente a la ley: “Aquí quieren imponer la Ley de Justicia Tributaria bueno, nosotros hemos escuchado que ya la tienen lista y que va a entrar a aprobación y vamos a participar en el Congreso Nacional cuando se vaya al debate y vamos a esperar qué se resuelve, nosotros emitimos opiniones, el sector privado no volvió a tocar el tema porque estamos esperando que el Congreso tome una decisión”.
Urtecho advierte además que, en caso que el Gobierno decida eliminar las exoneraciones fiscales, el cierre de fábricas en el país será inevitable, y subraya que esta situación no se debe atribuir al sector privado, porque corresponde al Gobierno proporcionar explicaciones claras a la población sobre las implicaciones de estas medidas.
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