“La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sí tuvo la audacia de denunciar los ‘paraísos fiscales y los centros internacionales de arbitraje que violentan nuestra soberanía y empobrecen a nuestros pueblos’, durante la ceremonia de asunción por parte de Honduras de la presidencia pro tempore de la CELAC”.
Y, continúa este día, el mexicano diario La Jornada: “No fue mero discurso; el 24 de febrero su gobierno envió al Banco Mundial una notificación de denuncia del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados. O sea, que ¡Honduras saldrá del Ciadi!
Manuel Pérez Rocha-L*
EL LIBERTADOR
redaccion@ellibertador.hn
La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, dijo con aplomo, ante la sesión plenaria de la pasada cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el 1º de marzo, en las caribeñas islas de San Vicente y las Granadinas: “Necesitamos un nuevo estilo de desarrollo, que supere el extractivismo, que apostemos por la industrialización con sostenibilidad; que apostemos por la autosuficiencia alimentaria y energética con recursos propios”. Añadió que México está “recuperando su soberanía y el rol del Estado” (https:// tinyurl.com/mwb8skm4).
El discurso de Bárcena coincide con la Declaración de Kingstown, firmada por los 33 países que forman la CELAC, la cual se enfoca en fortalecer la integración regional. Pero hay en ella un punto crucial en el que se acoge la adopción de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra “Medidas económicas unilaterales como medio de ejercer presión política y económica sobre los países en desarrollo” (https:// tinyurl.com/2s43942d). Sin embargo, parece seguir siendo tema tabú en la Celac reconocer que la mayor medida coercitiva para ejercer presión económica y política lo constituyen, en la práctica, los tratados de libre comercio (TLC) y tratados bilaterales de inversiones (TBI) –que apuntalan a corporaciones extractivas trasnacionales en su insaciable ambición de hacerse de nuestros recursos naturales.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sí tuvo la audacia de denunciar los “paraísos fiscales y los centros internacionales de arbitraje que violentan nuestra soberanía y empobrecen a nuestros pueblos” (https://tinyurl. com/4spjkj5n), durante la ceremonia de asunción por parte de Honduras de la presidencia pro tempore de la Celac. No fue mero discurso; el 24 de febrero su gobierno envió al Banco Mundial una notificación de denuncia del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados. O sea, que ¡Honduras saldrá del Ciadi! https://tinyurl.com/ y3yutjt6). El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) es una institución del Banco Mundial con sede en Washington.
Honduras fue el segundo país de la región más demandado en 2023 (nueve), sólo después de México (10). La más exorbitante fue interpuesta por la empresa estadounidense Próspera, por 10 mil 700 millones de dólares, tras la derogación de las eufemísticamente llamadas zonas de empleo y desarrollo (ZEDE), también llamadas “ciudades modelo”, que son paraísos fiscales privados, libres de observar leyes nacionales, creados bajo la narcodictadura del ahora enjuiciado Juan Orlando Hernández (https:// tinyurl.com/ye25ez5k).
La Plataforma de Organizaciones Sociales y Civiles América Latina Mejor sin TLC, coordinada actualmente por organizaciones chilenas, apoya a Honduras declarando que “la salida del Ciadi es una clara y contundente señal del gobierno de refundación democrática liderado por la presidenta Castro, de poner en cuestión los privilegios de los inversores extranjeros” ( https:// tinyurl.com/bdzhjs3c). Se recomienda a Honduras desmontar el andamiaje del neocolonialismo corporativo, revisando su actual Ley de Protección y Promoción de las Inversiones de 2011, así como los TLC y TBI de los que forma parte, pues son instrumentos vigentes que incluyen la posibilidad de que inversionistas extranjeros demanden al Estado en otros centros arbitrales, más allá del Ciadi.
Ecuador, en sentido contrario a Honduras, reingresó al Ciadi en 2021, bajo el gobierno del banquero Guillermo Lasso. Se había retirado en 2009 durante la presidencia de Rafael Correa, cuando enfrentaba demandas corporativas –principalmente empresas petroleras– por más de 10 mil 800 millones de dólares. El reingreso de Ecuador al Ciadi es un verdadero retroceso como lo califican integrantes de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa.org), que inició en octubre de 2013 y concluyó que el ingreso de Ecuador al Ciadi fue pernicioso. “Se había entrado en una red de protección de inversiones donde los intereses de las trasnacionales estaban por encima de los derechos humanos y los de la naturaleza” (https://tinyurl. com/46byt2ye).
Ahora el presidente derechista Daniel Noboa ha convocado a un referendo el 21 de abril con temas desde seguridad a migración. Pero una es sobre la modificación del artículo 422 de la Constitución de 2008 que prohíbe al gobierno, a partir de las conclusiones de Caitisa, suscribir nuevos acuerdos internacionales que incluyan mecanismos de demandas supranacionales para inversionistas extranjeros, incluyendo en el TLC con EU que tanto ansían los nuevos gobiernos conservadores de Ecuador. La pregunta en el referendo es tramposa: “¿Está usted de acuerdo en que el Estado ecuatoriano promueva la inversión extranjera y reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión […] de manera que se ofrezca a los inversores extranjeros un entorno apropiado de seguridad jurídica que genere mayores oportunidades de empleo y afiancen la dolarización?” (https://tinyurl.com/38z6rj99)
En 2018, el secretario de Economía Ildefonso Guajardo, en los últimos alientos del gobierno de Peña Nieto, firmó el convenio del Ciadi, del que México se había resistido a entrar, con la misma trampa de que “la firma de este instrumento robustecerá la posición de México como país seguro, confiable y atractivo para las inversiones, que protege y promueve la inversión extranjera, otorgando mayor certidumbre jurídica a los inversionistas nacionales en el exterior y a los extranjeros en nuestro país” ( https:// tinyurl.com/38z6rj99 ). En realidad el objetivo fue dejar al entrante gobierno de la 4T maniatado ante los intereses de las grandes trasnacionales. La pregunta para el próximo gobierno es: ¿seguirá el modelo neoliberal bajo los TLC y TBI que empeñan nuestra soberanía en tribunales como el Ciadi? o ¿actuará con valor y firmeza como Castro, y se le unirá para comenzar un proceso regional de desmantelamiento y liberación de estos tratados neocoloniales y tribunales supranacionales?
*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org y Asociado del Transnational Institute www.tni.org
Deja un Comentario