Para el analista Joaquín Mejía, con el juicio de Juan Hernández, ha quedado claro que Estados Unidos no tiene amigos o aliados, ya que solo persigue sus intereses y, con esta premisa, las autoridades hondureñas deben apuntar a una depuración institucional que abarque el Poder Judicial, Policía y Ejército, considerando que la instalación de la CICIH será un impulso clave.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El veredicto de Juan Hernández, simboliza para Honduras una urgencia para recuperar la institucionalidad y refundar el Estado de Derecho, así lo ha observado el prestigioso analista y constitucionalista, Joaquín Mejía, quien además aboga por el acompañamiento internacional en esta justa.
Mejía, quien también es especialista en materia de Derechos Humanos y gobernabilidad, plantea que el juicio de Juan Hernández, además de demostrar su culpabilidad en el tráfico de drogas, “también nos demuestra que hay una institucionalidad penetrada por el narcotráfico”.
Según estudia, en este momento es prácticamente imposible que esta propia institucionalidad pueda limpiarse “de esas estructuras criminales que fueron penetradas durante más de dos décadas sobre todo después de que el golpe de Estado (2009)”.
Ante este contexto, el analista sugiere a la administración de Xiomara Castro que, para iniciar la reconstrucción del país después del juicio en contra Hernández, es fundamental acelerar –o hacer presión– para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
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Por otro lado, subraya que el juicio del exgobernante debe ser un recordatorio para la clase política hondureña, que nadie está por encima de la ley, incluso cuando se trata de la legislación estadounidense.
“Está claro que Estados Unidos no tiene amigos ni aliados, lo que tiene son intereses y ‘si ayer serviste bien a mis intereses, cuando ya no me servís, se acaba todo’; el mensaje más importante es la necesidad que Honduras tenga una institucionalidad fortalecida para no depender de sistemas judiciales de otros países” agrega, Mejía
Concluye que recuperar el Estado de Derecho definitivamente es un gran desafío y para ello se debe depurar toda la institucionalidad hondureña, incluidos los operadores de justicia, Policía Nacional y el Ejército.
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