El domingo 6 de marzo de 2016, en la Villa Olímpica de Tegucigalpa, la Convención Nacionalista –cúpula y militancia– abrazó la ilegalidad y traición patria, Juan Orlando Hernández (JOH), fue confirmado como aspirante presidencial para entrar a comicios internos de marzo 2017, donde “enfrentaría” al movimiento Monarca; ocho años más tarde, exactamente en la misma fecha, es juzgado por narcotráfico, señalado como capo a “gran escala” y afronta solicitud formal de ser castigado con cárcel de por vida.- Los dedos que pidieron “Cuatro años más”, no pueden dar un segundo de libertad.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La ilegal reelección y los fraudes de Juan Hernández, también han generado controversia en el juicio que afronta por narcotráfico, pues para ejecutar su plan continuista, el exgobernante usó toda la maquinaria de conspiración y, justo en esta fecha (6 de marzo), se conmemora el octavo aniversario de cuando el Partido Nacional clamó el crimen de traición a la patria.
El domingo 6 de marzo de 2016, en la Villa Olímpica de Tegucigalpa, la Convención Nacionalista –que reúne a cúpula y militancia del Partido Nacional–, clamó para que Juan Hernández fuera inscrito como candidato del movimiento “Unidos por la nueva Honduras”, que anuló candidaturas de otras figuras “cachurecas” como Ricardo Álvarez, exalcalde de la capital y designado presidencial en ese momento.
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De esa forma, Hernández se amparó en lo resuelto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) saliente, que en 2015 falló sobre el artículo 239 de la Constitución que dicta que el ciudadano que haya ejercito titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado y de quebrantarse esa disposición o proponga su reforma, cesarán en sus cargos y quedarán inhabilitados de función pública por diez años.
Esto fue cambiado a solicitud del Movimiento Nacionalista Roberto Callejas (Monarca), para que el exgobernante Callejas (1990-1994), pudiera participar con precandidatura; sin embargo, quedó fuera del proceso cuando estalló el escándalo de corrupción “FIFAGATE” y se entregó a la justicia estadounidense.
Irónicamente, en elecciones internas de marzo 2017, Hernández enfrentó a Monarca, siendo amplio favorito y consumó en noviembre de ese año, el fraude electoral más escandaloso de América Latina, porque con el voto rural remontó una ventaja de cinco puntos sobre la Alianza de Oposición entre la ahora presidenta Xiomara Castro y el controversial Salvador Nasralla.
En la misma fecha pero de este año, Hernández enfrentó ahora a la Fiscalía del Distrito Sur de New York y casi 80 millones de papeles en pruebas que comprometen los argumentos de “inocencia” del exgobernante.
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Según la investigación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Hernández logró permanecer en el poder en Honduras gracias a sus alianzas criminales y ultraje sistemático de la institucionalidad hondureña.
Desde el golpe de Estado en 2009, según narración de los testigos, JOH maquinaba llegar a la presidencia de Honduras “y gobernar al menos 25 años”; en algún momento del plan, el hoy imputado afirmó a uno de sus socios: “robaremos más que cuando Callejas (presidente de Honduras 1990-1994)”.
Si bien Hernández captó miles de millones de lempiras, no fue hasta que ascendió como político cuando se enriqueció, de acuerdo con el abogado Raúl Pineda –con información de funcionarios estadounidenses–, su fortuna superó los 3,000 millones de lempiras.
La investigación de la Fiscalía de New York, destaca que el exgobernante, influyó en la muerte de más de 80,000 hondureños desde 2004, cuando comenzó a traficar droga.
“Todo lo que sube, tiene que bajar”, es dicho popular y ley, Hernández recibió el llamado de la justicia a 19 días de abandonar Casa Presidencial, fue extraditado en 2022 y su juicio está por cerrar, la Fiscalía de New York no ha perdido un caso por narcotráfico y ha pedido al juez Kevin Castel, declarar al exgobernante, culpable por conspirar para traficar droga.
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