AZUNOSA DEFIENDE DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA Y AL TRABAJO

La Azucarera del Norte, S.A., (AZUNOSA) emitió un comunicado donde exponen su postura a favor de la propiedad privada y el trabajo, esto con relación a las invasiones a territorios que la entidad explicó son de su propiedad.

La empresa, propietaria de tierras cultivadas con caña de azúcar, reiteró la legitimidad de su propiedad, respaldada por documentos legales y certificados emitidos por el Instituto Nacional Agrario (INA), también se enfatizó que estas tierras están destinadas a un uso productivo y son de propiedad privada.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Comunicado:

AZUNOSA EXIGE RESPETO AL DERECHO A TRABAJAR

En relación al reciente intento de desalojo de invasores de tierras en las fincas propiedad de Azucarera del Norte, S.A, manifestamos lo siguiente:

  1. Las tierras cultivadas de caña de azúcar son de legítima propiedad de Azucarera del Norte, S.A., así lo demuestran los documentos legales con certificados emitidos por el Instituto Nacional Agrario (INA), confirmando nuestro cumplimiento legal en cuanto a la tenencia de la tierra. Reafirmamos, estas tierras son propiedad privada para uso productivo.
  2. Hoy, por dictamen de los juzgados de El Progreso, Yoro, la Policía Nacional intentó dar cumplimiento a la orden judicial emitida que determinaba desalojar a los invasores de tierra que por meses han estado haciendo uso de las mismas, esta acción se ejecutaría al determinarse que los invasores carecen de soporte legal para sus reclamos. Es importante mencionar que se hizo previa notificación al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
  3. Ante el cumplimiento de una orden judicial los invasores actuaron de manera violenta con machetes y piedras, causando daños a la propiedad y a personas que solo estaban cumpliendo con su deber. Como resultado, algunas personas fueron heridas, incluyendo empleados de la empresa y policías.
  4. Hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales para que contribuyan y garanticen la seguridad jurídica que permita a las empresas actuar en base a ley y ejerciendo su derecho de libre empresa.
  5. La falta de una pronta resolución a este problema pone en riesgo las operaciones de la empresa, lo que podría resultar en la pérdida de 3,000 empleos directos y más de 15,000 empleos indirectos. Además, afectaría el sustento de cerca de 20,000 personas que dependen de estos puestos de trabajo.
  6. Esto conlleva a un deterioro en la economía local, pérdida de impuestos municipales y lleva a la afectación de una empresa que por muchos años ha sido una fuente de empleo y generadora de riqueza y bienestar social en la zona.
  7. Solicitamos respetuosamente al Gobierno de la República para que se cumpla el respeto a la propiedad privada, se fomente la inversión privada y brinde el apoyo para mantener los empleos, beneficios sociales y la generación de riqueza y bienestar para los trabajadores, sus familias y los habitantes de la zona en general.
  8. Evitemos el desempleo, que conduce a la pobreza y a la migración irregular de muchas familias hondureñas que merecen una mejor calidad de vida.

Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad jurídica, la imparcialidad, el respeto a la propiedad privada y los derechos humanos. Creemos firmemente que estos elementos son fundamentales para el desarrollo económico de Honduras.

29 de febrero, El Progreso, Yoro.

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