La subsecretaria de seguridad, Julissa Villanueva, compartió que la ausencia de residuos de pólvora en las manos de la agente Sherill Yubissa Hernández Mancía y las fotos indican manipulación en la escena del crimen, desmintiendo la teoría de un posible suicidio.
Las imágenes sugieren posibles signos de asfixia y disparos, contradiciendo la narrativa inicial del Ministerio Público bajo Oscar Chinchilla. Documentos confidenciales sugieren que Mancía investigó actividades delictivas de socios claves del expresidente Juan Orlando Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público determinó reabrir el caso de la muerte de la ex agente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Sherill Yubissa Hernández Mancía, quien fue encontrada sin vida el 11 de julio del 2018 en Santa Rosa de Copán.
Debido a las incongruencias en la investigación de la muerte de Hernández, el MP reabrió el caso y designó a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de la sección de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, acompañada de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), estudiar los nuevos elementos para establecer un dictamen claro de lo que pasó con la exagente.
En un artículo de la agencia de noticias internacional, INFOBAE, destaca que, según evidencia proporcionada por funcionarios del gobierno de Xiomara Castro en conjunto con un informe policial, Hernández Mancía habría sido asesinada por personas del círculo cercano al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), encarcelado en Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico.
Según el informe, Antonio “Tony” Hernández -hermano del expresidente JOH- y Alexander Ardón, entonces alcalde de El Paraíso, Copán, ambos privados de libertad en Estados Unidos por narcotráfico, son los supuestos responsables de ordenar el asesinato de la agente.
Las investigaciones que realizaba Hernandez la llevaron hasta la alcaldía de El Paraíso, donde decomisó documentos de bastante importancia que vinculaban a los socios del expresidente JOH en sus actividades dentro del narcotráfico, principalmente el nexo de Ardón al tráfico de sustancias ilícitas y que, tiempo después, la Corte del Distrito Sur de Nuevo York, lo sentenció por traficar unas 250 toneladas de cocaína, bautizándolo como uno de los capos más importantes de la época.
Esas investigaciones motivaron al supuesto homicidio de la exagente de la ATIC y que, momentos después, generó una controversia pública entre las autoridades del Ministerio Público (MP), donde el exfiscal general, Oscar Chinchilla y Ricardo Castro, exjefe de la ATIC -ahora en La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO)- afirmaron que la muerte de la funcionaria judicial fue un suicidio.
La actual subsecretaria de seguridad, Julissa Villanueva, que en ese entonces dirigía la Dirección Nacional de Medicina Forense, fue separada de ese cargo por no aceptar la decisión del MP de establecer como suicidio la causa de muerte de Hernández, y tras una nueva autopsia, dictaminó que la causa de muerte fue un posible homicidio.
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