Seis personas ya han sido acusadas por el Ministerio Publico (MP), delitos de fraude contra las víctimas del incendio ocurrido en el extinto Centro Penal de San Pedro Sula en 2004, luego que se comprometiera al Estado pagar una indemnización de más de 300 mil lempiras a cada familia, pero nunca se ejecutó.
Redacción central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), del Ministerio Publico (MP), presentó más de 40 pruebas contra tres exempleados del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y tres notarios públicos, acusados de fraude contra familiares de las víctimas del incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula en 2004.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 17 de mayo de 2004, según diversos testimonios, un cortocircuito provocó el incendio en el extinto Centro Penal de San Pedro Sula que dejó más de 100 reos muertos y más de 25 heridos. Ante la negligencia de las autoridades por evacuar a tiempo, el Estado de Honduras fue “demandado” y obligado, por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), a pagar una indemnización de 317 mil lempiras a cada una de las familias afectadas.
Los fondos comenzaron a pagarse trece años después, en 2017, por parte del INP; sin embargo, el MP encontró anomalías en algunos cheques destinados a estas familias, ya que fueron cobrados por una sola persona a pesar que no gozaba con la autorización para hacerlo.
Después de las comisiones hechas por la directora del (INP), para cumplir la sentencia, se descubrió que 49 cheques destinados a estas familias fueron cambiados, pero el dinero fue desviado por una misma persona con poderes no otorgados por las víctimas.
Además, se encontró inconsistencias en la documentación con las firmas de los afectados y expedientes sin autorización por parte de la comisión creadas en el INP.
“Se burlaron de los dolientes quienes al final no recibieron pagos porque un grupo de malos ciudadano, empleados del INP, se apropiaron de manera ilegal del dinero de las víctimas en confabulación con notarios públicos”, citó el MP.
Con el seguimiento al caso, el MP presentó un total de 44 medios de prueba en la audiencia inicial, incluyendo testimonios, documentación y peritajes; los acusados representados por cinco abogados defensores, solicitaron la suspensión de la audiencia para revisar la carga probatoria, lo que fue concedido por el juez, y la nueva audiencia se fijó para el miércoles 3 de enero de 2024.
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