La exsecretaria de Finanzas, Rocío Tábora, actualmente acusada por la presunción de haber participado en la escandalosa estafa de al menos 1,200 millones de lempiras en la compra de los hospitales móviles durante la pandemia que, entre otras causas, por negligencia pública cobró más de 20,000 vidas de hondureños, según cifras de la Asociación de Funerarias Privadas.
La defensa de la exfuncionaria que sirvió al gobierno de Juan Orlando Hernández, Roció Tábora, ha sido tomada por la polémica exjueza, Karla Romero, que fue separada de su cargo en el Poder Judicial por diversas denuncias acerca de negligencia en el desempeño de sus funciones como autoridad judicial. – Romero tenía carta de despido desde la corte de Rolando Argueta, pero por razones aún desconocidas, no se ejecutó.
Redacción Central / El LIBERTADOR
Tegucigalpa. La polémica exjueza, Karla Romero, será la abogada defensora de la exfuncionaria, Rocío Tábora, actualmente acusada por haber participado en la escandalosa estafa de al menos 1,200 millones de lempiras en la compra de los hospitales móviles durante la pandemia que, entre otras causas, por negligencia pública cobró más de 20,000 vidas de hondureños, según cifras de la Asociación de Funerarias Privadas.
Romero fue destituida del Poder Judicial por denuncias de negligencia laborar, violentar las normas internas de la institución y abusar de su posición al salir libre luego de participar en un accidente en el que se conducía ebria.
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La entonces jueza fue la encargada de juramentar en la toma de posición a la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, desde entonces ha estado en el foco de los medios de comunicación. Entre las causas de su despido esta haber permitir que una persona extraña al ente judicial redactara las sentencias y el retardo de la misma, violentando normas del Poder Judicial.
La abogada, para evitar su responsabilidad, denunció en un foro de televisión, que estaba sufriendo persecución política, pero documentos que obtuvo este rotativo en exclusiva, retratan que la exjueza no debía seguir más como funcionaria del poder judicial.
A raíz de denuncias, se giró orden de despido en su contra, misma que el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, -por alguna razón que no se ha hecho publicó- no firmó.
En abril del presente año la represéntate del derecho protagonizo un accidente de tránsito en el anillo de periférico de Tegucigalpa, por conducir en estado de ebriedad, según el ministro de seguridad Gustavo Sánchez, la profesional resultó positiva la prueba de alcoholemia que le practicaron los policías de tránsito.
También, la abogada interpuso una denuncia contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por supuestas amenazas por medio de mensajes de texto que el funcionario le habría enviado a otra persona, sin embargo, lo que Redondo mandó fue: “Es una mujer corrupta en el ejercicio de sus funciones”, y que no descansaría hasta verla presa.
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