El 4 de septiembre del presente año, el Congreso Nacional anunció la creación de una Comisión Especial para investigar a los extitulares del Ministerio Publico (MP), Oscar Chinchilla y Daniel Sibrián, señalados por encubrir varios casos de corrupción de alto impacto.
El informe recoge casos sonados como: la reelección ilegal de Juan Hernández en 2017 y la nulidad en la investigación de asesinatos de activistas sociales y víctimas de represión militar en crisis electoral ese mismo año, así como inoperancia contra dueños de las controversiales ZEDE.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Asesinatos de manifestantes contra la ilegal reelección de Juan Hernández como casos engavetados; el encubrimiento de la muerte de la exagente de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), Yubissa Hernández; y, la inoperatividad en casos de corrupción de alto impacto, son parte del rosario de puntos presentados por la Comisión Especial del Congreso Nacional para investigar a los extitulares del Ministerio Publico (MP), Oscar Chinchilla y Daniel Sibrián.
El informe, que esta mañana se ha entregado a las autoridades interinas del MP, detalla cómo el mando de Chinchilla, tomó una posición política al permitir la instalación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) y la reelección ilegal de Hernández –quien enfrenta juicio por narcotráfico en Estados Unidos–, violentando el estatus de la institución de mantenerse apolítica.
También, el informe revela el controversial abordaje de investigación del crimen contra la coordinadora de la Agencia Técnica de Investigación (ATIC), Yubissa Hernández, quien indagaba vínculos entre el narco y los políticos Alexander Ardón y Antonio Hernández –hermano de Juan Hernández–, donde la institución, siendo consciente que se trataba de un homicidio, cerró el caso y determinó que la muerte de la fiscal fue un “suicidio”, encubriendo a los entonces investigados que habrían ordenado su ejecución.
La Fiscalía de Chinchilla –expone el informe– también mantuvo engavetados los asesinatos de manifestantes durante la crisis electoral de 2017, que además de ilegal reelección dejó impunes delitos en materia ante el confirmado fraude del Partido Nacional.
En ese sentido, la Comisión Legislativa, planteó que de las 27 autopsias realizadas, solamente existen ocho expedientes administrativos que se encontraban en investigación, pero que ignoraron las “pericias balísticas” donde se concluye que los proyectiles que quitaron la vida de los manifestantes, pertenecían a armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de Honduras que, según informes de Derechos Humanos, liquidaron al menos a 60 ciudadanos.
La negligencia del Ministerio Publico alcanzó el entorno administrativo, donde para reducir el trabajo hecho por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), a la cual dio seguimiento la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), se redujo el salario a los fiscales de esta unidad y se limitó su accionar para garantizar la salvedad de imputados en casos de corrupción como Pandora y otros.
Los casos de corrupción que la Fiscalía de Chinchilla y Sibrián no investigó, es decir que encubrió o engavetó, son muchos, y resaltan casos como el del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), del cual se denunció el saqueo del tesoro nacional por 230 millones de lempiras, en supuestos pagos de merienda escolar que no se hizo, la compra de armamento al Estado de Israel, la aprobación de decenas de contratos nocivos que se denominó “Caso Robo Parlamentario del Siglo”, entre otros.
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