Para el constitucionalista Rodil Rivera, más allá de los actos de violencia suscitados anoche en el Congreso Nacional, lo que ha quedado manifiesto es la intención de los nacionalistas por evitar llegar a elecciones en 2025 bajo un Gobierno del Partido Libre, sobre todo, porque al perder el Ministerio Público –último bastión de la dictadura– quedan desprotegidos y deberán afrontar a la justicia por delitos de corrupción hasta ahora omitidos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El caos que se ha generado en el Congreso Nacional en las últimas horas, ha sido la herramienta del Partido Nacional para insistir en la ruptura del orden constitucional del Gobierno de Xiomara Castro, porque no quieren que éste mantenga el poder previo a elecciones de 2025, así lo ha proyectado el destacado constitucional, Rodil Rivera.
El prestigioso analista dijo a EL LIBERTADOR que todo el conflicto observado anoche en el edificio Legislativo es claramente una estrategia de los nacionalistas que han arrastrado a los minoritarios Partido Liberal y “Salvador de Honduras” (PSH), para “poner en problemas de gobernabilidad al oficialismo porque no se aguantan antes de las próximas elecciones”.
Anoche los bajos del Congreso fue epicentro de una “batalla” entre simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), diputados nacionalistas y personal de seguridad de la institución, éstos últimos incluso amenazados con arma de fuego que sacó el congresista Mario Pérez, según se evidenció en material gráfico.
Y es que anoche quienes forman el “Bloque de Oposición Ciudadana” (BOC), intentaron formar un Congreso paralelo, llamando a sesión extraordinaria amparados en los artículos 190 y 191 de la Constitución, que señalan los requisitos para que diputados convoquen a este tipo de sesiones.
Sin embargo, lo anterior es “ilegal”, según lo manifestó en junio de 2020 el entonces jefe de Bancada del Partido Nacional, Tomas Zambrano, quien siendo secretario de ese poder (2018-2022), dijo que la entonces oposición que juramentó una nueva directiva, estaba cometiendo delitos de sedición, usurpación de funciones y contra la forma de gobierno.
“Actúan por sesgo político, por ambición de poder por ganas de protagonismo y de crear show de decir que eligieron una directiva del Congreso nueva, las únicas formas de elegir una nueva directiva están prescritas en la Constitución”, dijo Zambrano en ese entonces.
Para el analista Rodil Rivera, sigue siendo claro que el objetivo de estos diputados de extender la división en el Legislativo, es puntualmente para que haya más problemas en la administración de Xiomara Castro, “esperando a que venga un golpe de Estado y, por eso militares y políticos estuvieron incitando a las Fuerzas Armadas para dar un golpe”.
El constitucionalista lamentó que anoche haya suscitado actos de violencia; no obstante, relacionó que la agresión al diputado Antonio “Toño” Rivera fue de parte de ciudadanos no se compara en gravedad a la acción de Mario Pérez al amenazar con matar al guardia de seguridad, “eso es delito”.
En función de todo lo anterior, valoró que nombrar una Comisión Permanente para poner fin al impase en el Ministerio Público ha sido un buen movimiento, pues esta tarde se ha definido finalmente –aunque de forma interina– que haya nuevas autoridades: Johel Zelaya como Fiscal General y Mario Morazán como Fiscal Adjunto.
Para Rivera el punto clave del conflicto de anoche se centró en el panorama de elección de las autoridades de la Fiscalía y cuestionó que los nacionalistas juegan al ridículo al querer imponer su agenda en los espacios de poder político, pues históricamente los partidos derrotados en elecciones han cedido a los proyectos del ganador.
“Fíjese bien, los anteriores gobiernos del siglo pasado para acá, sobretodo de la segunda mitad del siglo pasado, siempre que el Partido Nacional o el Partido Liberal ganaba las elecciones del Poder Ejecutivo, aun cuando no se haya alcanzado la mayoría en el Congreso, el sector de oposición, daba la junta directiva”, recordó.
Observó que además no se debe desconocer que el Fiscal Adjunto, Daniel Sibrián –que vacó el 1 de septiembre– se perpetuó ilegalmente en el cargo, “porque quien lo debería ostentar es el director de fiscales, él (Sibrián) asume el cargo porque siente el apoyo de la oposición en el Congreso”.
Precisamente, Sibrián actuó desde anoche pidiendo intervención de fiscales en los actos de violencia y, ante el nombramiento de la Comisión Permanente que preside Luis Redondo, envió un comunicado de prensa para pedir juicio político contra el titular del Legislativo.
Rivera destacó que con la figura de Sibrián quienes fueron favorecidos han sido los diputados nacionalistas y liberales “que han sido objeto de persecución penal” y por ello han buscado de cualquier forma no perder al Ministerio Público, el último bastión de la dictadura que destrozó el país tras el golpe de Estado en 2009.
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