El jornalero costarricense, Sebastián Girón (gráfica) vive con siete familiares más en un contenedor ubicado en la orilla de la finca lechera donde trabaja (Foto: Álvaro Murillo). Su casa de aluminio, hierro y madera está en el distrito Cascajal en cantón Vásquez de Coronado, a casi 1,700 metros sobre el nivel del mar, en las alturas de San José (capital “Tica”) y en el ranking de mayor desigualdad frente a más de 500 territorios; el deterioro social de Costa Rica aumenta, en 2021 registró la más alta disparidad en ingresos que ningún otro año desde la década de 1980.
“Esto significa que se parten los puentes sociales y el país se desintegra, como muestra la portada del Informe y como relata Orlando Castillo, vecino de Cascajal desde hace décadas: “uno a veces ve que entran a uno de esos portones una fila de carros de 50 millones y nadie sabe más. Esa gente vive en lo suyo y los demás que se la jueguen””, cita este reportaje escrito por Álvaro Murillo y publicado hace unos meses en el costarricense “Semanario Universitario”.- Aquí el texto íntegro.
“El problema es que el Estado (“Tico”) está más débil y tampoco puede lanzar el salvavidas a todos los hogares que lo necesiten. La inversión social mediante el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) se redujo 7% entre 2020 y 2021; se redujo 13% en el presupuesto institucional por la caída en ingresos ligados a la actividad económica… Hay recortes en la red de cuido, bonos de vivienda y seguro de salud financiado con cargo al Estado”, reporta un informe de la desigualdad en Costa Rica.
Agencias / EL LIBERTADOR
Una llovizna suave caía sobre el paisaje de potreros y montaña que refresca la mirada y los pulmones de quienes suben a Cascajal de Coronado para su pequeño paseo de domingo.- Omar, un joven de 25 años, cuida carros en uno de los restaurantes y trata de aprovechar para ganar algún dinero para llevar comida al contenedor donde vive con siete familiares más en el borde de una hacienda lechera, al lado del camino que recorren las familias para el “picnic” o los ciclistas aficionados.
Es la calle que también recorre Sebastián, el papá de Omar, en una motocicleta entre las fincas de su patrono para cuidarlas y ganarse 10.000 colones (casi 19 dólares) por cada jornada, sin nada más. Por eso es usual que se acueste con hambre en la habitación anexa al contenedor, que él mismo construyó con láminas de zinc agujereadas por donde en las noches entra el aire helado para él y las gallinas que lo acompañan. Su esposa no está, desde septiembre se fue a coger café en Naranjo con una hija para ver si redondean ingresos.
Alrededor el paisaje es una postal. Dista mucho del ambiente de precariedad de los barrios urbano-marginales, pero la pobreza de algunas familias es grosera y se acentúa frente a las haciendas cerradas con portones. A un kilómetro del contenedor de Sebastián y familia hay un rótulo que anuncia la venta de una casa de 610 metros cuadrados.
Esto es el distrito Cascajal en el cantón Vásquez de Coronado, a casi 1.700 metros sobre el nivel del mar, en las alturas de San José y del ranking de desigualdad en Costa Rica frente a más de 500 territorios, tras un año 2021 en que el país fue más desigual que ningún año desde la década de los 80.
El ranking de desigualdad lo encabezan Tobosí de El Guarco (Cartago) y Río Naranjo en Bagaces (Guanacaste). Cascajal es el tercero, a solo 15 kilómetros de la capital que se observa desde cualquier loma donde cada domingo llegan familias para pasar el día. Desde el contenedor de don Sebastián, un automóvil tardaría en llegar a San José lo mismo que tarda su nieta de ocho años caminando cada día a clases en Monserrat, un poblado más arriba y, sin embargo, más cercano que la escuela central del distrito.
Cascajal muestra esa disparidad que señaló el Informe Estado de la Nación 2022, al indicar que Costa Rica alcanzó en 2021 el mayor nivel del coeficiente de Gini desde 1987. Se elevó con las tendencias de las últimas décadas, el golpe de la pandemia y la recuperación lenta y dispar que ha dejado atrás a los trabajadores con menos estudios y de sectores tradicionales; es decir, a Sebastián y su familia, como a otros peones de finca.
No es ninguna novedad, pero ese el problema: la normalización se acompaña con un progresivo deterioro de las condiciones sociales del país, como señalaron los investigadores como una de las conclusiones generales del Informe.
TENDENCIA PREOCUPANTE
Junto con la pobreza y la falta de oportunidades laborales, uno de los principales problemas del país es la creciente desigualdad en ingresos, cada vez es más amplia la brecha entre quienes más tienen y quienes menos tienen, un tema sobre el que no se han articulado respuestas de política pública para revertirla. Costa Rica pasó de ser, en el plazo de una generación, una de las sociedades más equitativas de América Latina a una de las más inequitativas”, indica el Informe.
La desigualdad se mide mayormente por un indicador llamado “coeficiente Gini”, que en 2021 se estimó en 0,52 para todo el país, un dato que supera los registros desde 1987 y que se puede quedar corto para reflejar lo que ocurre en Cascajal.
Esto significa que se parten los puentes sociales y el país se desintegra, como muestra la portada del Informe y como relata Orlando Castillo, vecino de Cascajal desde hace décadas: “uno a veces ve que entran a uno de esos portones una fila de carros de 50 millones y nadie sabe más. Esa gente vive en lo suyo y los demás que se la jueguen”.
Castillo, de 79 años, y su esposa Elsa pasaban la tarde en el salón que construyeron en su propiedad, un lote pequeño producto de una herencia. Dejaron pasar a su casa al periodista desconocido, pero al rato contaron que pensaban que también podía ser alguien con intenciones de obtener información para robar, como ha pasado en días recientes.
Castillo es de los pocos vecinos que no son pobres ni ricos. Criaron a diez hijos y este domingo los visitaba uno de ellos, David, quien tiene 25 años y es técnico en Tecnologías de Información en una transnacional. Empleo no le falta, como a todos los trabajadores del sector tecnologías.
David es uno de los dos hijos que fueron a educación superior. Solo cuatro terminaron el colegio público. Los otros van “luchándola”, como dijo el papá Orlando, mecánico de carros toda la vida.
“Vea, ricos ha habido toda la vida y ese no es el problema. Es que antes uno los conocía y los saludaba, convivía un poco con ellos y uno cruzaba por las fincas como si nada. Ahora, uno puede salir preso”, afirma Castillo, advirtiendo que ve difícil una solución. Es usual que las fincas aquí contraten a población extranjera para que trabaje por menos salario y sin seguro social.
EL ESTADO DESCUIDA
El problema es que el Estado está más débil y tampoco puede lanzar el salvavidas a todos los hogares que lo necesiten. La inversión social mediante el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) se redujo 7% entre 2020 y 2021; se redujo 13% en el presupuesto institucional por la caída en ingresos ligados a la actividad económica. Si se compara con 2019, Fodesaf ha perdido una quinta parte del dinero necesario para la asistencia de población necesitada. Hay recortes en la red de cuido, bonos de vivienda y seguro de salud financiado con cargo al Estado, reportó el informe.
Leonardo Merino, coordinador del informe explicaba así la situación general: “Hay evidencias de un progresivo abandono del contrato social plasmado en la Constitución Política, esa que dice a grandes rasgos que es una democracia con un Estado fuerte que debe buscar generar riqueza con justa distribución y en armonía con el ambiente”.
En Cascajal también importa esto último. El distrito está al sur del Parque Nacional Braulio Carrillo y es parte de su zona de protección periférica. Hay restricciones sobre el uso del suelo que aprietan más a los propietarios de terrenos pequeños, lamentó Castillo. El Informe del 2022 señaló un deterioro en las condiciones ambientales de sectores que bordean las áreas protegidas; aunque están sometidos a restricciones, estas son de menor calado y no están necesariamente cumpliendo los objetivos.
La naturaleza en Cascajal, sin embargo, es rica. “A veces llegan por acá los pumas”, contó Sebastián Girón antes de quejarse porque se comen las gallinas, dice. Un vecino le regaló unos cuantos meses atrás, pero también su familia tuvo que comérselas, cuenta. Se suponía que las tenía “por lujo”, dice. Ahora solo dos aves ponen huevos.
Baja al centro de Coronado una vez cada quincena para comprar los comestibles que alcancen con 100.000 colones (alrededor de 188 dólares). Se queda sin dinero porque además paga 20.000 colones (unos 38 dólares) de Internet para comunicarse con sus familiares afuera y con el patrón. Para medicinas compra unas que traen de Nicaragua, porque en este hogar no hay seguro social. “Pago como 300 (56 centavos de dólar) colones por inyecciones de dexametasona (desinflamatorio) que me traen”, dice como satisfecho de esa oportunidad.
El Internet también le permite avisar al dueño de la finca cuando alguien destaza una vaca. “Yo solo le aviso al patrón que anoche se comieron una vaca y ya está. Él quiso darme un arma, pero yo le dije que no, que eso era meterme en problemas. ¡Van a llegar a buscarme después y yo por qué!”, dice el hombre de 48 años y apariencia de más edad.
“Es muy duro vivir así, pero no somos solo nosotros”, cuenta el hombre como consolándose. Su pobreza es la de otros en el distrito y más allá, pero eso es distinto de desigualdad.
Por eso, en la lista de distritos menos desiguales del país aparecen territorios pobres donde hay menos contraste: San Rafael de Puriscal, Huacas de Hojancha y Desmonte (San Mateo, Alajuela) son en ese orden los tres de menor desigualdad, pero en ese grupo de diez aparecen también Chira (Puntarenas ) y Boruca (Buenos Aires).
Ahí, la realidad, aunque dura también, se vive más pareja entre los habitantes y, por tanto, menos propensa al distanciamiento o al conflicto entre ellos, reduciéndose el terreno propicio para la violencia que el Estado de la Nación señala también como una de las expresiones del deterioro social.
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