Luego que el Poder Judicial a través del Juzgado de Privación de Bienes de Origen Ilícitos anulara la incautación de bienes al ex alcalde del Distrito Central, Nasry Asfura, el Ministerio Publico a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), apeló la decisión tomada a favor del ex edil.
En ese sentido, expertos juristas opinaron a EL LIBERTADOR que la política bloquea a que la justicia llegue en el caso de Asfura, acusado de malversar fondos durante su gestión al mando de la municipalidad del Distrito Central.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. “La UFERCO (Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción) apelará la Sentencia que emitirá el Juzgado de Privación de Dominio, donde se ordena devolver bienes al excalde Nasry Asfura y otros”, expresó el titular de esa entidad del Ministerio Público, Luis Javier Santos, con relación al caso del ex candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura.
En 2020, la UFERCO promovió acciones contra el exalcalde del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, fraude, uso de documentos falsos y otros; por ese caso, la Fiscalía había solicitado la confiscación de ciertos bienes a nombre de Asfura y de otras personas ligadas a su administración.
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El abogado Marlon Fajardo comentó que no ve bien la manera en que se está desarrollando el proceso contra el expresidenciable; como antecedente, durante las vacaciones navideñas de 2022, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –aun en control de Rolando Argueta–, otorgó sobreseimiento definitivo para Asfura que estaba bajo juicio.
“Lo que hace el Ministerio Público es mero trámite, apelar la sentencia de la Corte. En este país siempre la política ha estado lastimosamente por encima de cualquier proceso judicial, incluso de la ley, porque el proceso estaba correcto. A mi criterio y hablando de manera directa, yo creo que estos son favores que se hacen las cúpulas políticas”, cuestionó Fajardo.
Según el documento con la apelación que publicó la UFERCO, el falló de la sala al anular las incautaciones “está transgrediendo la ley” y carece de valoraciones de pruebas.
El abogado y analista político, José Zuniga, explicó que este tipo de casos hacen explicita la negociación política que se desata a la hora de elegir las nuevas autoridades y que este es el Partido Nacional actuando para limpiar al que posiblemente será su aspirante presidencial en las próximas elecciones electorales.
Zuniga señaló que en el caso de Asfura, llama la atención que la Sala de lo Penal –encargada de los recursos a favor del exalcalde–, “es liderada por miembros del partido hoy opositor, Partido Nacional”.
Zuniga añadió que este es un caso que puede abrir debate de cómo está estructurada la actual Corte, ya que sigue de una forma sigilosa, el yugo de la anterior administración ligada al exgobernante Juan Orlando Hernández, preso en Estados Unidos por narcotráfico.
“Navegando dentro de esas estrategias políticas y también jurídicas, el Partido Nacional busca el control de la Sala de lo Penal para poder esquivarse, podríamos decirlo así, de ciertas situaciones que compliquen a sus funcionarios o los que en algún momento pues dirigieron los destinos de nuestro país”, concluyó Zuniga.
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