ACTIVISTA CACHURECA A PRISIÓN POR CRIMEN ELECTORAL

La justicia hondureña ha condenado a la ciudadana, Vanessa Hernández, tras ser acusada por delitos electorales cuando modificó actas en comicios de noviembre 2021; la audiencia para determinar la pena concreta se llevará a cabo el 9 de octubre a la 1:30 de la tarde.

Sin embargo, un portavoz de la Corte Suprema, señaló que, en este controversial caso, si la sentencia llega a ser menor de cinco años, la activista “cachureca” podrá solicitar conmutación de la pena a una mucho más leve.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Tribunal de Sentencia emitió un fallo condenatorio contra Vanessa Hernández Aguilar, por manipular actas en las elecciones generales de noviembre de 2021, cuando ejercía como secretaria propietaria en representación del Partido Nacional (PN) en una mesa receptora de votos ubicada en la escuela “Vida Abundante”, en la colonia Las Colinas de la capital.

Hernández Aguilar fue acusada por el delito de falsificación de documentos electorales y el 12 de enero del 2022 se emitió una orden de captura en su contra, lo que dio inicio a un proceso judicial que culminó con el fallo condenatorio emitido por la Sala II del Tribunal de Sentencia.

El delito por el cual fue condenada Hernández Aguilar se rige por el artículo 543 del Código Penal, que establece literalmente que: “Quien falsifica documentos electorales debe ser castigado con las penas correspondientes al delito de falsificación de documentos públicos y pérdida de la ciudadanía por el mismo tiempo que dure la privación de libertad”.

Además, según el artículo 453 del Código Penal, los delitos de falsificación de documentos conllevan una sentencia que va desde cuatro hasta ocho años de prisión; sin embargo, según un portavoz del Poder Judicial, si la pena resulta inferior a los cinco años de cárcel, se puede aplicar conmutación.

La audiencia destinada a determinar la pena concreta para Hernández Aguilar se ha programado para el 9 de octubre a la 1:30 de la tarde. Y, en caso de desacuerdo con la sentencia emitida, cualquiera de las partes procesales tiene la opción de interponer un recurso de casación, lo que podría abrir una nueva fase en este controvertido caso que ha mantenido la atención de la opinión pública hondureña.

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