Estudiosos de la vida política del país, han explicado a EL LIBERTADOR, que la clase política hondureña, integrada por algunas personas conocidas por su protagonismo en el latrocinio del Estado de Derecho y otros crímenes, no puede seguir con el mismo modelo de elecciones en segundo grado, sobre todo para seleccionar las autoridades de la Corte Suprema y Ministerio Público (MP).
Lo anterior, surge a partir de la incapacidad para elegir al nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto del MP, porque si bien se ha encontrado una solución temporal en la Unidad Anticorrupción “Uferco”, no lograr los consensos por los intereses particulares –observan–, es un indicador para transformar el modelo de nombramientos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El “tira y encoje” del Congreso Nacional (CN) en la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), que derivó en que asuma la titularidad la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción (Uferco), es el claro indicador que las elecciones de segundo grado, no pueden correr por cuenta de la clase política del país.
A esa conclusión han llegado analistas abordados por EL LIBERTADOR, quienes plantean que una clase con poder político que tiene como protagonistas a saqueadores y violadores de la ley máxima del país, esta inhabilitada para encomendar el camino que debe seguir el sistema nacional.
En ese sentido, el abogado Marco Zelaya, observó que el actual contexto político del país es un síntoma de la nula independencia en las instituciones del Estado, que ha sido garante de la agresiva impunidad.
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El jurista agregó que existen compromisos previos para elegir a los nuevos fiscales del MP, pues existe un sector que quiere evitar que la justicia llegue y comience a deducir responsabilidad de corruptos y corruptores.
“Esta elección del Fiscal General no generó consenso porque la elección de los candidatos se encuentra en carencia y falta de transparencia, vinculando intereses políticos sin permitir que los candidatos sean apolíticos”, reflexionó.
Asimismo, enfatizó que ya es momento que Honduras tome un modelo diferente de las elecciones de segundo grado, sobre todo en entes tan indispensables como la Corte Suprema y Fiscalía, afín de garantizar mayor participación de la ciudadanía y que ésta asuma un compromiso de designar estos cargos a las personas con mayor habilidad.
Zelaya meditó que en futuras elecciones, una buena alternativa es que se realice elecciones internas de la institución quienes nombren a sus autoridades, “y no estén los políticos trastocando a funcionarios que se han venido desempeñando a lo largo de los años en su carrera, así se evitaría lo que estamos viviendo”.
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Señaló que el Fiscal General y Fiscal Adjunto, deben de ser apolíticos y comprometidas con la Constitución y las leyes, para que garanticen la seguridad jurídica y la tutela efectiva del Estado, para dar fe ante la sociedad hondureña que la institución está protegiendo sus intereses colectivos y no de un grupo reducido.
Asimismo, manifestó que el MP necesita una reestructuración, a partir de cambios como reforzamiento de recursos económicos y humanos, que lo vuelvan capaz de ser independiente, pues a su criterio, los últimos diez años se llevó a extremos donde se amarró todo el aparato anticorrupción.
En tanto, el abogado, Luis Romero, es de la opinión que la principal tarea que tiene la Fiscalía es recuperar la confianza de la sociedad hondureña y para ello, es vital que sea comandada por el imperio de la meritocracia ya que solo los mejores profesionales serán capaces de acusar sin sesgo político.
Romero consideró que la clase política debe meditar y buscar madurez, pues teniendo coyunturas como la elección del nuevo MP, solo genera que el país se mantenga en el subdesarrollo.
Cabe destacar que, como lo ha explicado el prestigioso abogado, Edmundo Orellana –primer Fiscal General del país–, el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, indica que varios diputados actuales deberían estar inhabilitados a participar en la elección de Fiscales.
Cita el abogado Orellana que el artículo menciona que los diputados tienen prohibido: “Participar en los debates del Pleno… sobre asunto en los cuales tuviera un interés directo, por si o por medio de sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.
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