A pocos días de escoger a las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP), se ha asentado un panorama complejo en el Congreso Nacional que acrecienta la falta de consenso y, en ese sentido, el analista Joaquín Mejía plantea que es evidente que ciertos sectores no están conformes con la lista de aspirantes que envió la Junta Proponente y además, existe un trasfondo para que Oscar Chinchilla continúe en el cargo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. De cara a la elección del nuevo Fiscal General y Fiscal Adjunto, la incertidumbre se afianza en el Congreso Nacional (CN), pues en las últimas semanas los diputados no han podido completar sesiones legislativas, condición que se podría extender la vigencia de Oscar Chinchilla al frente del Ministerio Público (MP), plantea el abogado constitucionalista, Joaquín Mejía.
De acuerdo con el togado, es claro que hay grupos de poder que no quieren que se lleve a cabo la elección de las nuevas autoridades en la Fiscalía, partiendo del hecho que la Junta Proponente envió una lista de aspirantes que no cumple con las expectativas que esperaban los partidos políticos en el CN.
“Mantener esta decisión de no elegir al Fiscal General, tiene de trasfondo la lógica de la continuidad de Óscar Chinchilla que lleva dos períodos frente al Ministerio Público, no solamente siendo electo de manera ilegal e inconstitucional, sino que también demostrando que ha sido un elemento clave para que la impunidad pueda ser tan grande en Honduras”, dijo Mejía.
Cabe recordar que en evidente acto de corrupción, el anterior Congreso bajo control de la dictadura en 2018, se votó para que Chinchilla siguiera por un periodo más como Fiscal General, sin que éste fuera parte del listado que la Junta Proponente de ese entonces envió a la Comisión Especial que era liderada por el diputado nacionalista, Mario Pérez.
Los hondureños esperan que el próximo 1 de septiembre el MP tenga nuevas autoridades, ya que Chinchilla vacará su cargo el 31 de agosto; sin embargo, para muchos analistas de la vida política del país, ésta será una tarea difícil, ya que el CN se encuentra en una encrucijada al no poder llegar a acuerdos.
En ese sentido, Mejía observa que actualmente “no hay ningún partido político que tenga la mayoría calificada, se necesitan 86 votos y eso significa que se tienen que sentar a negociar para llegar a consensos como se hizo con la Corte Suprema de Justicia”.
Y recalcó que en esta contienda, quedará claramente establecido quiénes no quieren un MP que pueda reconstruir la institución después del desastre que deja Chinchilla y que se perpetúe una Fiscalía que sea herramienta que garantiza la impunidad de corruptos, narcotraficantes, violadores de justicia y la Constitución.
Pese al conflicto en el Legislativo y los movimientos de sectores contrarios al Gobierno de Xiomara Castro, existe en algunos sectores cierto optimismo sobre los desacuerdos, ya que se cumplió a la sociedad la elección del nuevo Poder Judicial y derogación del “pacto de impunidad” y demás decretos que atentaban contra la lucha anticorrupción, además de los avances en la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Ante todo lo anterior, Mejía es del criterio que ya se debe evolucionar a una reforma en la Carta Magna para evitar parálisis en la elección de estos cargos, “la constitución no dice expresamente en qué fecha tiene que elegirse al Fiscal General o qué va a pasar si no se elige en esa fecha, por tanto, una reforma que diga que si en tal fecha a las 12 de la noche no se elige al Fiscal General o a cualquiera otra magistratura del Estado, entonces automáticamente que se autorice que los nuevos, sean los mejor evaluados en la Junta Proponente”.
Cabe recordar que el pasado 9 de agosto, luego de un violento incidente protagonizado por el Partido Nacional (PN), el sistema de audio y votación del Legislativo sufrió graves daños, y según información oficial de ese poder del Estado, podría costarle al pueblo más de 46 millones de lempiras.
Lo anterior pone en “tela de juicio” si habrá o no habrá votación de forma electrónica cuando se convoque a sesiones para elegir a los nuevos defensores de los hondureños.
Lo que sí está claro es que, con el uso de la tecnología o de manera tradicional, el pueblo hondureño espera tener un nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto, quienes se encarguen de garantizar la justicia e imparcialidad en Honduras.
Al respecto, Mejía considera que con tecnología o no, la ciudadanía ejercerá auditoria a través de los canales del Estado y las redes sociales, y que la autoridad del CN deberá buscar una alternativa que sea transparente y ordenada.
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