“Con la derogación del Decreto 116-2019 se socavan las bases del muro de impunidad construido en la narco-dictadura, y se garantiza la venida de la CICIH”, así ha reaccionado el doctor Edmundo Orellana, quien ha estado en todo el proceso de instalación del ente anticorrupción, luego que el parlamento eliminara de una vez el llamado “Pacto de Impunidad”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Anoche, el Congreso Nacional finalmente derogó el insólito Decreto 116-2019, aprobado por la dictadura del Partido Nacional para entregar dinero a diputados con una cláusula que bloqueaba la acción fiscal del Ministerio Público durante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizara auditoria de ese dinero.
El decreto conocido como “Fondo Departamental” y renombrado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) como “Pacto de Impunidad”, era uno de los puntos a tratar en el marco de instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
En ese sentido, 82 de los 128 congresistas, estuvieron a favor de la derogación, el resto fueron votos en contra, incluyendo a la diputada nacionalista, María Antonieta Mejía, quien el pasado 27 de julio dijo “estar lista” para eliminar ese y otros decretos, e incluso retó al oficialismo a hacerlo.
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En ese sentido, el doctor Edmundo Orellana, que ha integrado la Comisión de Alto Nivel para instalación de la CICIH y ha estado en todo el proceso con funcionarios de la ONU, señaló que con la derogación del “Pacto de Impunidad”, el ente anticorrupción “está garantizado”.
“Con la derogación del Decreto 116-2019 se socavan las bases del muro de impunidad construido en la narco-dictadura, y se garantiza la venida de la CICIH. Felicitaciones a los diputados que lo hicieron posible, especialmente al Diputado-Presidente, Luis Redondo”, dijo Orellana.
Por su parte, el titular de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, señaló que ahora la sociedad hondureña debe esperar que el nuevo Fiscal General del Estado, facilite los recursos para judicializar los casos en investigación y reabrir los que fueron archivados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
“La derogación del Decreto 116-2019, 057-2020 y 093-2021, representa un gran paso en la Lucha Contra la Corrupción, el Congreso Nacional y en especial la Comisión Anticorrupción han hecho su trabajo. Ahora, esperemos que el nuevo o nueva Fiscal General apoye y fortalezca las Unidades Anticorrupción facilitando el recurso humano idóneo y necesario para judicializar los casos en investigación y reabrir los que se encuentran archivados en el TSC”, apuntó.
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