Ante el argumento expuesto por grupos políticos opuestos a la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que se necesita derogar leyes secundarias para garantizarle el éxito, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, desmiente y advierte a la sociedad: “no se deje engañar, ninguna ley secundaria creada para blindar la corrupción está por encima de la Constitución (art. 320 de la Constitución)».
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, enfatizó que la lucha efectiva contra la corrupción no requiere la derogación de leyes secundarias, ante prejuicios y comentarios de la oposición política liderada por el Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras (PSH), que sugieren que ciertas leyes secundarios deben ser derogados para permitir la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Redondo explicó que no se necesita derogar una ley para enfrentar a la corrupción en el país, e hizo hincapié en que existen mecanismos constitucionales en el ordenamiento jurídico que pueden aplicarse para hacer prevalecer la Constitución y, por ende, realmente combatir la corrupción, añadiendo que ninguna ley secundaria esta sobre la Constitución de la República.
«Solo un recordatorio a todos aquellos organismos nacionales e internacionales, Oenegés, medios de comunicación, personas, Ministerio Público e instituciones que se enfocan en el combate a la corrupción, que no es cierto que se ocupe derogar una tan sola una ley para hacer un combate eficaz y efectivo contra la corrupción, ya que ninguna ley secundaria creada con el fin de blindar la corrupción está por encima de la Constitución (art. 320 de la Constitución)», afirmó Redondo.
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Con ello, el presidente del legislativo hizo referencia específica al «control de constitucionalidad difuso», establecido en el artículo 320 de la Constitución de Honduras, que estipula que, en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una ley ordinaria, prevalecerá la primera.
«Se debe entender el control de constitucionalidad difuso, ese es el mecanismo del artículo 320 de la Constitución. – Se han ganado casos aquí en Honduras, en donde se ha interpuesto el artículo 320 de la Constitución, que se llama mecanismo del control difuso de constitucionalidad, y lo ha tenido que aplicar y otorgar un juez de letras y hasta la Sala de lo Constitucional», explicó el número uno del Legislativo.
Con esto, dejó claro que la Constitución, en el constitucionalismo moderno, es de aplicación directa y debe ser respetada en todo momento, de igual manera, animó a todas las partes interesadas a estudiar a fondo el control difuso de constitucionalidad para una comprensión más profunda y una mejor aplicación de este mecanismo.
Con esta aclaración, Redondo contrargumenta a la férrea oposición política que a base de campañas de desinformación buscan manipular la sociedad hondureña con la idea que la CICIH no se instalará, sin embargo, una comisión especial enviada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) está estudiando el ambiente para la instalación y la firma definitiva del memorándum de compromiso, mismo que la presidenta Xiomara Castro pidió se firmara antes de diciembre.
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