Según criterio de analistas políticos, más allá de requisitos técnicos y logísticos que pide ONU al Gobierno de Honduras para instalar la CICIH, el mayor obstáculo está en los 128 diputados del Congreso Nacional, varios que siguen ahí corrieron a votar por el cierre de MACCIH cuando halló sus redes de corrupción; esos, en privado no quieren CICIH y, en público, culpan del retraso al Gobierno Castro.
Al respecto, el doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, observa que la misión de visita ejerce un diagnóstico de las condiciones que tiene el Estado hondureño y, al cierre de la jornada, entregará tareas específicas a los tres poderes, y son los diputados los que deben meditar sobre cumplirle o no a la sociedad.
El sociólogo, Armando Orellana, coincide con esa visión que la mayor dificultad está en lo que harán legisladores, pero a su vez insta que otros actores como la empresa privada también harán incidencia sobre el escenario de instalación de la CICIH.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha pedido a su Comisión de Alto Nivel apresurar la marcha para la firma del convenio de instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH); sin embargo, analistas de la vida política coinciden que el ente anticorrupción depende de la voluntad política que tengan los 128 diputados del Congreso Nacional para aplicar derogaciones y reformas que sean solicitadas por la Misión de expertos que llegó ayer lunes.
El punto de partida para los diputados, es la derogación del decreto 116-2019, aprobado en coalición por las bancadas de los partidos Nacional, Liberal y diputados “comodines” –muchos de ellos señalados por corrupción– en octubre de 2019 que les permite recibir dineros para “obras sociales” y bloquea al Ministerio Público de investigar porque impone al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) hacer auditoria de esos fondos.
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Entre otras, también se debe aplicar reformas al Código Penal, a las figuras de lavado de activos y fideicomisos, y, además, se insta a varias regulaciones en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Por otro lado, no se debe obviar que ese mismo año 71 congresistas de la dictadura, finiquitaron a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que presentó 12 casos de corrupción que llevó a varios legisladores ante la justicia; pocas semanas de que se cancelara el convenio con la OEA, el Poder Judicial comenzó a repartir cartas de libertad absoluta.
Los votos para liquidar a la MACCIH, corrieron a cuenta de los 61 diputados del entonces gobernante Partido Nacional –muchos que repiten diputación para 2022-2023– con apoyo de los liberales: Gloria Bonilla, Claudia María García (suplente de Elvin Santos), Ramon Enrique Sánchez (suplente de Carlos Lara), Oscar Martínez (suplente de Fredy Nájera), Juan Carlos Ávila (suplente de Harry Panting), Mario Segura (jefe de bancada), Juan Carlos Elvir, Nery Reyes; y los minoritarios: Dunia Ortiz y Felicito Ávila.
Ante todo lo anterior, el analista Armando Orellana ha compartido en un foro televisivo que más allá de los retrasos técnicos del Poder Ejecutivo, la celeridad en la instalación de la CICIH depende enteramente de los congresistas: “El punto de mayor dificultad, se encuentra en el Congreso, creo que también hay otros actores, porque al momento de contribuir cuando habla del término atmosfera o ambiente, se debe analizar si es propicio”.
Orellana extendió que además de la voluntad de legisladores, se debe considerar a los actores de la empresa privada ya que estos influyen a través del apoyo a oenegés, “y no nos engañemos, estos son actores que vienen de movimientos sociales e iglesias que pudieron estar involucrados en corrupción”.
El sociólogo observó que actualmente existe un discurso anti-CICIH que es generado a partir de una lógica que acusa al Ejecutivo de no querer instalarla, promovido incluso por sectores que en su momento se percibió con alto nivel de credibilidad que hoy han perdido.
Por otro lado, el abogado especialista en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, observó que la visita de expertos de la ONU entregará un diagnóstico sobre las áreas en que debe trabajar cada poder del Estado, involucrando al Ministerio Público, “para poder pasar a la segunda fase”.
“Eso implica que los diputados van a tener que verse al espejo y van a tener que incorporar en la agenda legislativa todas las medidas y reformas que salgan en ese diagnóstico”, recalcó Mejía.
Alertó que aquellos votos de legisladores que vayan en sintonía con las reformas, va a generar dificultades para el Estado en general; pero al tiempo, destacó que eso permitirá a la ciudadanía tener claridad para no generalizar sobre una clase política sino que hablará con autoridad para señalar personas.
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