Ayer, más de 40 mujeres perdieron la vida en una trágica reyerta en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), suceso que ha consternado al país por la crueldad con la que el crimen organizado saboteó el inicio del plan de rescate del Sistema Penitenciario que encargó la presidenta Xiomara Castro a la segunda al mando en Seguridad, Julissa Villanueva.
En ese sentido, el criminólogo Gonzalo Sánchez, dijo a este periódico que el Gobierno debe reflexionar que enfrenta a una estructura delictiva que ni siquiera el modelo penitenciario estadounidense ha podido detener.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Luego del terrible hecho criminal en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que dejó como resultado más de 40 víctimas mortales, la subsecretaria de Seguridad y jefa de la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Julissa Villanueva, denunció el sabotaje de grupos criminales al actual Gobierno que intenta quitar el “monopolio criminal” en estos centros.
Villanueva afirmó que el boicot criminal también ha querido parar la acción de la Comisión Interventora, aunque sin éxito. Anoche, el Gobierno comunicó que este miércoles se anunciará una nueva estrategia para atender la crisis penitenciaria del país, luego de hacer cambios en el alto mando de la Secretaría de Seguridad.
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En ese sentido, la defensora de Derechos Humanos, Alba Mejía, ha recomendado al Gobierno estudiar de forma profunda las relaciones directas con las autoridades de cada centro penal, porque le resulta inaudito la facilidad con la que entran armas y otros insumos prohibidos: “¿Cree que ellos tienen el poder para entrar como Pedro por su casa a una cárcel? No lo creemos así”.
Mejía, lamentó que según testimonios recolectados por familiares de algunas sobrevivientes a la tragedia, una banda criminal introdujo al PNFAS armas de grueso calibre sin problemas, vinculando ese libertinaje a una red corrupta que se ha lucrado con un acto cruel.
La activista social explicó que el tema de corrupción en cárceles, tiene una fuerte raíz en el lucro económico de carácter ilícito, donde por muchos años mantiene un negocio de venta de armas y droga, convirtiendo las prisiones en centros de comercio para el crimen.
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En ese sentido, recomendó que el enfoque de la Comisión Interventora es que debe exterminar el “co-gobierno” de grupos organizados y autoridades penitenciarias, “algo que no será fácil”.
Y sentenció que no es viable retomar el control ejerciendo más violencia o militarización, ya que aun con presencia de uniformados, se ejecutan crímenes de alto perfil como fue el caso de “Magdaleno Meza”, dueño de “narcolibretas” que condenaron a Tony Hernández, hermano del extraditado exgobernante, Juan Hernández.
Por su parte, el abogado y criminólogo, Gonzalo Sánchez –que ha estudiado el fenómeno penitenciario en Estados Unidos–, dijo a EL LIBERTADOR que era evidente que la reyerta en el PNFAS, era una reacción contra la estrategia del Gobierno.
Evaluó que: “La Comisión no está fallando. Lo que pasa es que parece no hemos caído en cuenta que estamos enfrentándonos ante un crimen organizado, que ni aún en Estados Unidos se ha podido parar”.
Meditó que los penales de EE.UU., con el potencial de seguridad que tiene ese país, no ha podido romper con el tráfico de drogas, producto de la corrupción en el sistema que involucra a personal que labora en prisiones.
Sánchez tampoco descartó que exista influencias políticas que muevan a grupos delictivos con el fin de crear zozobra en la sociedad y sabotear el plan de intervención carcelaria promovido por el actual gobierno.
“Hasta el más humilde hondureño se pregunta ¿cómo entran municiones, fusiles, pistolas, celulares? ¿Cómo entran a esos centros penitenciarios, si tienen escáner por todos lados, si registran minuciosamente a una persona que no puede meter ni un celular? ¿Cómo va a meter un arma?”, cuestionó.
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