Mediante comunicado de prensa, la Procuraduría General de la Republica (PGR), ha dado a conocer que la Corte Primera de Apelaciones concedió “Ha Lugar”, sus argumentos contra una resolución que obligaba a los hondureños a pagar más de 126 millones de lempiras a la empresa “Pharmasula” a la que en 2020 se le congeló una cuenta con 60 millones de dólares por un caso de corrupción.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Junto a un equipo legal de la Secretaria de Salud, la Procuraduría General de la Republica (PGR), ha defendido una vez más los intereses de la sociedad, evitando la pérdida de más de 126 millones de lempiras del Tesoro Nacional.
Lo anterior, luego que informara en comunicado de prensa que la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, declarara favorable el recurso de apelación que la PGR presentó contra la resolución del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán el 29 de mayo de 2014.
La resolución del juzgado, obligaba al Estado hondureño a pagar 126,849,195 lempiras a la empresa farmacéutica, Pharmasula S.A de C.V quien presentó una demanda por incumplimientos de pago, con la validación de la Sala de lo Constitucional en una sentencia con varias irregularidades.
En dicha validación, la Sala de lo Constitucional no contaba con tres de sus magistrados titulares, por lo que fueron integrados tres magistrados ajenos a esa unidad de la Corte Suprema; además, el documento contaba la firma de la entonces magistrada Lidia Estela Cardona, cuando ésta no estuvo en la reunión.
El caso se origina cuando en el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, el entonces secretario de Salud, Arturo “Tucky” Bendaña, acusado por múltiples casos de corrupción, otorgó contratos para compra de medicamentos sin licitaciones a la empresa Pharmasula, quien dejó de suministrar medicamentos al Estado por incumplimiento en el contrato.
En 2020, un operativo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) decomiso una cuenta bancaria a la empresa Pharmasula por más de 60 millones de lempiras por caso de corrupción.
Un informe oficial del Ministerio Público, remitido a la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) especifica que tanto Bendaña como otros empleados de Salud, habrían cometido abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y fraude, en el caso de la farmacéutica. Sin embargo, a la fecha no ha habido más acciones en el caso.
A continuación el comunicado de la PGR:
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