En 117 días acabará el mandato inoperante del Fiscal General, Oscar Chinchilla y el Fiscal Adjunto, Daniel Sabrían, y, ante este contexto, profesionales del derecho dicen a EL LIBERTADOR que el principal reto de las nuevas autoridades, será recuperar la credibilidad del Ministerio Público hasta que el ente retome su independencia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La reciente crisis institucional del Ministerio Público (MP), plantean juristas ante EL LIBERTADOR, es el fiel reflejo de un mandato inútil de parte del Fiscal General, Oscar Chinchilla, cuestionado desde su irregular nominación a última hora y por avalar el proyecto destructivo de la dictadura de Juan Hernández.
Y es que Chinchilla, desde que asumió hace casi diez años, ha colaborado para el aumento de grave impunidad y corrupción, que penetró altas esferas del poder estatal y provocó la destrucción institucional del ente que, por ley, es el “defensor de los hondureños”.
La nueva elección del Fiscal General y el Fiscal Adjunto, quienes comandan el MP, debe celebrarse antes del 1 de septiembre de 2023, pues Chinchilla y Daniel Sibrian Bueso, cierran su periodo el 31 de agosto.
En ese sentido, el abogado, Marco Zelaya, medita que la primera lección que deja la gestión Chinchilla, es que su reelección generó caos en la Fiscalía, porque a semanas de dejar el cargo, “se ha producido una crisis interna inigualable en 30 años de haberse creado la institución”.
“Deja una enorme deuda, no ha cumplido con el juramento que hizo en el segundo periodo, dejará en manos de las nuevas autoridades tratar de regresar la credibilidad y la institucionalidad, quienes además deberán devolverle a cada fiscal, la independencia que nunca debió quitarse”, apunta.
Zelaya desglosa que Chinchilla nunca fue imparcial, ya que éste representó solo a un sector de la sociedad hondureña, contraviniendo lo que estipula la Constitución del país. Una condición que considera grave, pues es el MP quien lleva la acción penal contra quienes interfieren con los intereses del pueblo.
El haber sido electo en ese cargo –explica, sin cumplir los requisitos que pide la Constitución desencadenó una tremenda impunidad donde no se acusó a personas que cometieron traición a la patria con golpe de Estado 2009, fraudes electorales, pactos de impunidad, ilegal reelección presidencial, aprobación de las ZEDE, entre otros delitos.
“Son situaciones que son inamovibles en nuestra constitución, conocidos como artículos pétreos, con relación al territorio y el poder; se vendió el territorio y aquí no pasó nada, deberán de acusarse a estas personas porque el delito se comete por acción u omisión, deberá ser revisado por las nuevas autoridades del MP para empezar a darle un nuevo rostro a la institución”, señaló.
El jurista advirtió que la institución está por cumplir 30 años en funciones y que por el nexo político, “nace mal” porque los concursos de elección del Fiscal General y el Adjunto, conllevan influencia de partidos políticos y no se repara en la alta inversión de preparación del personal para defender los intereses de la sociedad.
Al respecto, el también abogado, Luis Romero, sugiere que la primera etapa de reflexión para el nuevo MP, debe centrarse en que el proceso de selección de profesionales debe respetarse, recordando que Chinchilla entró de “última hora” a la nómina; “es necesaria una ley de selección de altos funcionarios del Estado; debemos exigir se integre urgentemente la Junta Nominadora que realizará los perfiles”.
Romero insta que incluso debe revisarse la Ley Orgánica del MP, ya que no considera saludable seguir fomentando la politización del ente, “esto lacera el Estado de Derecho”. Y plantea que si aún no se ha enjuiciado a quienes destrozaron la república, ha sido falta de voluntad política, “por ello los fiscales deben ser escogidos para estar al servicio de la ley y no de la clase política o de sus jefes”.
A su criterio, la institucionalidad hondureña no requiere la creación de un ente acusador extra, pero sí el fortalecimiento del MP y la independencia de fiscales y de la Dirección de Supervisión de Fiscalías, para que no haya más influencia sobre las investigaciones ejecutadas por corrupción.
Sentencia que el trabajo de los nuevos fiscales, será “un gran reto, debe cambiar a todos los fiscales del crimen organizado para que así esas fiscalías empiecen nuevamente, con nuevos lineamientos y principios”.
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