En los últimos 12 años quienes mandaron el Gobierno, transformaron la protección social en mecanismo para hacer “ricos exprés”, comprar votos, despilfarro y enriquecimiento ilícito; esta investigación de EL LIBERTADOR evidencia que sólo para el proyecto “Vida Mejor” de Juan Hernández, peones y socios de la dictadura, se adjudicaron 12 préstamos que suman más de 22,000 millones de lempiras, y la miseria creció.- Sólo en 2021, se asignaron 1,100 millones para salarios de activistas del fideicomiso asignado al “Fondo Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza”.
Este periódico halló pruebas a través del Sistema de Seguimiento de Proyectos (Sisep), que registra cómo la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) utilizó el fideicomiso “Fondo Solidaridad” para delegar a “oenegés fantasma” el combate de la pobreza; un ejemplo, en el periodo 2018-2021, la dictadura otorgó a “fundaciones” 14,000 millones de lempiras para algunas casitas, techos, pisos, letrinas, filtros de agua y “ecofogones” que, por cierto, quedaron pendientes cerca de 14,000 unidades del total pagado y firmado en distintos proyectos.
Con el monto total, que suma miles de millones a una ya pesada deuda pública de Honduras, el Gobierno Hernández pudo haber entregado viviendas hasta de tres habitaciones a unas 25,000 familias sin techo; al contrario, se fue en proyectos de desperdicio como “guía de familia” o los contenedores de Ebal Díaz, que solo sirvió en emplear a más de 15,000 activistas del Partido Nacional.
Equipo de Investigación
EL LIBERTADOR
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Tegucigalpa. El semblante indiferente de la servidora pública en el Centro Cívico Gubernamental (CCG), es vestigio de la proyección social del Partido Nacional que gobernó Honduras desde 2010 a enero de 2022.- Durante 12 años y algunos meses de 2009, tras el golpe de Estado, el país fue dirigido por una clase política que en el centro de sus prioridades jamás estuvo resolver la calamidad que azota al 70 por ciento de la población.- Incluso hoy, no muestran arrepentimiento esos políticos y empresarios que se lucraron con la desgracia social –varios todavía diputados—; siguen actuando con descaro, impunes, sin humanidad y con absoluta amoralidad desconociendo el grave daño causado al Estado.
El desprecio fue más evidente cada año desde que los nacionalistas se adueñaron de la administración pública para ejecutar un proyecto que convirtió a la Nación en una “fábrica de pobres y crimen”.- Basta con asomarse a algunos indicadores sociales y económicos, mirar el aumento de la indigencia en las calles, de los ciudadanos buscando empleo o reacciones en redes sociales de los nuevos regentes de la política social –clamando por ayuda–, para dar cuenta que quiénes gobernaron en la larga noche, tuvieron un objetivo: generar clientelismo político violento y corrupto, destruir al pueblo hondureño junto con su territorio y quemar lo poco que queda del pacto social plasmado en la Constitución de la República.
UNA “CAJA DE PANDORA”
EL LIBERTADOR, en este trabajo de investigación, accedió a varias fuentes de información documental y oral, entre otros, el Sistema de Seguimiento de Proyectos (Sisep), de la nueva Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), donde se comprueba que la política social de los nacionalistas se enfocó en la construcción de un sistema de corrupción, de enriquecimiento de oenegés de discutible reputación y condicionamiento de programas sociales.- Esto, fue potenciado en el periodo 2018-2021, cuando la dictadura de Juan Hernández (extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 y ahora enjuiciado por acusaciones de narcotráfico “a gran escala”), otorgó 14,000 millones de lempiras a estas instituciones de “apoyo” en el marco de su programa de “Vida Mejor”.
De la cifra anterior, de acuerdo al esquema de Sisep, que abarca 254 convenios con Organizaciones No Gubernamentales, no lograron justificarse 314 millones 791 mil 280 lempiras.- En julio pasado, el titular de Sedesol atendió a este periódico para confirmar que junto a la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (Uferco), identificaron más de 15,000 activistas del Partido Nacional contratados bajo el programa “Guías de Familia”.
Ese proyecto se dispersó en los 298 municipios del país bajo la bandera de “Vida Mejor” que tanto promovió el extraditado gobernante, sólo en 2021, de acuerdo a oficios de la Secretaría de Finanzas (Sefin), para cubrir salario de activistas se asignó 1,100 millones de lempiras del Fideicomiso asignado al “Fondo Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza” que para ese año contó con una partida de 3,842 millones de lempiras.
De acuerdo con el reporte, en 2021 los fondos asignados a la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) –ahora Sedesol– fueron distribuidos entre lo asignado con el Presupuesto General de la República (PGR) con 32.2 millones de lempiras y con 2,152 millones entregados en préstamo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), desglosado en 17 proyectos sociales.
El nuevo secretario de Desarrollo Social, José Cardona, ha explicado a EL LIBERTADOR que por todo el esquema de corrupción que se encontró en Sedis, la presidenta Xiomara Castro tomó la decisión de liquidarla y crear la Sedesol; y además, indica que para crear ese fideicomiso de “protección social”, la dictadura se adueñó de la plataforma “Red Solidaria” creada por Castro cuando sirvió a la Nación como primera dama, a esta estructura se le cargó el Impuesto Sobre Ventas cuando pasó de 12 a 15 por ciento para inyectar programas de la “Vida Mejor” que solo quedaron en papel.
La búsqueda de este rotativo que implicó varias semanas, revela que desde 2014 a 2021 el régimen pidió 12 préstamos con organismos internacionales sólo para el programa “Vida Mejor” que sumaron en total una deuda de 22,322 millones 217 mil 120 lempiras, y que no tuvo resultados porque las ayudas fueron focalizadas para activistas del Partido Nacional, y queda en evidencia en indicadores de pobreza.
Lo anterior, no ha sido fácil de superar, relata José Cardona, quien ha comandado una reestructuración y fortalecimiento de la institución para crear un Estado fuerte que defienda los intereses de la población sin distintivo político. “En Sedesol, nos hemos cuidado para no cometer los errores de la administración que llamamos ‘Narcogobierno’: primero, la falta de transparencia, hoy solo ejecutamos dos proyectos: el Programa de Acción Solidaria (Proasol) y la Red Solidaria, y estamos comprometidos con la transparencia y eficiencia de los recursos”.
¡Y SE HIZO MÁS POBREZA!
“La tasa de pobreza de los hogares de Honduras, país con 9,5 millones de habitantes, registró un incremento sin precedentes al pasar del 59,3 por ciento en 2019 a una estimación aproximada del 70 por ciento en 2020″, reveló en abril de 2021 un estudio de la Universidad Nacional Autónoma del país (UNAH).
El documento de la máxima casas de estudios del país señaló alarmada que 53,4 por ciento de hogares hondureños vive en extrema pobreza, pero en 2020 más gente descendió a ese deterioro al aumentar en 16,7 puntos con respecto a 2019.
Al cierre de 2021, varias organizaciones dedicadas a estudios económicos, estimaron que la pobreza en el país había crecido de 70 a 75 por ciento del total de la población por la crisis económica causada por la pandemia de Covid-19, alto costo de vida y falta de oportunidades laborales. ¡Y surgieron éxodos migrantes!
NUEVAS INSTITUCIONES
El funcionario subraya que el segundo punto clave, se vincula a la tercerización de la protección social, la cual considera no puede ejecutarse de forma indirecta siguiendo la lógica del sistema que, de acuerdo al teórico político, Álvaro García Linera, las oenegés son una “reconducción” del fallido neoliberalismo.- Cardona amplia que “los servicios sociales deben ser públicos, la educación, la salud, la construcción de estructuras mayores, la construcción de la vivienda, porque si se hace con dinero público pero a través agentes privados se pierde la edificación de un proceso colectivo y, lo otro, es que esa empresa solo está buscando lucrarse”.
Esa delegación de la política social a las oenegés, permitió la estafa y saqueo de recursos que se han adquirido en crédito y obliga a los hondureños a pagar anualmente unos 50,000 millones de lempiras; de acuerdo con el secretario de Estado, de casi un millar de oenegés que “chuparon” el Presupuesto General de la República (PGR), actualmente solo 53 reciben montos de la institución por un decreto Legislativo que obliga al Gobierno.
“Pero cortamos esa hemorragia de fondos que había que dar a oenegés, mucha de las cuales ni existían; la tercera cosa en que se erró en el pasado y que hemos corregido, es la construcción de un esquema de protección social y no de existencialismo”, reflexiona.- El régimen de Hernández –prosigue– regalaba todo como una especie de piñata, no había focalización ni metodología y, sin esto, la vulnerabilidad y la extrema pobreza no dejan de crecer, “¿de qué sirven proyectos como un millón de letrinas, en comunidades donde la gente no tiene que comer?”.
En resumen, no focalizar la protección social y adoptar una postura clientelista, fueron clave para incidir en la reproducción de la miseria; el Banco Mundial indica que después del golpe de Estado 2009, Honduras “retrocedió cuatro años” en reducción de pobreza y en los últimos 12 años ésta aumentó entre 16 y 17 puntos porcentuales, hoy se estima que siete de cada diez hondureños viven en calamidad.
¿QUÉ HA CAMBIADO?
El funcionario social es claro que Honduras requiere que el Gobierno enseñe a la gente a valerse por sí misma sin ser desamparada, “enseñarle a pescar pero garantizando que no se va a morir de hambre en ese proceso”. Cardona, que cuenta con formación en ciencias sociales, observa que para el nuevo Gobierno, existe un muro financiero que lo limita: “No podemos con los fondos que tenemos, el Estado está quebrado y se pagan 53,000 millones en servicio de la deuda, pero al tiempo tenemos casi 55,000 millones en exoneraciones fiscales, entonces no podemos combatir la pobreza extrema tanto como quisiéramos”.
Es utópico –comenta–, pero como país deberíamos poder invertir entre 25 y 30 mil millones de lempiras solo para reducir la extrema pobreza, pero nuestra realidad fiscal y presupuestaria es muy precaria, por ello la instrucción es focalizar.
CIUDADANÍA NO CREE
Una entrevista encuesta ejecutada por este periódico ha revelado que la mayoría de hondureños no es optimista ante la ejecución de recursos para proyectos sociales, un 88.46 por ciento del total de la muestra, afirma que las políticas de desarrollo social son un instrumento de corrupción y cree se asignan como “favores” con un fin político.
En este trabajo de campo, el criterio de la ciudadanía sobre cómo debe desarrollarse la política social en el país, es que debe considerar las condiciones de vida de los hondureños, ejecutarse con estrictas herramientas de transparencia y rendición de cuentas, e incluso ven como buena estrategia la creación de un centro de diagnósticos para estudiar no solo sectores vulnerables, sino la efectividad de los programas ejecutados.
Ante este escenario, Cardona plantea que con la focalización de los programas de la secretaría se busca reformar esa concepción ciudadana y, parte de ese nuevo esquema es dejar en claro a correligionarios del gobernante Partido Libre que no se permitirá capitalizar votos con la ayuda social.
“Hemos tenido cuidado con eso y ahora que lo menciona, con las oenegés y la tercerización, el funcionario de la institución nunca iba al campo, cuando llegué a Sedis había más de mil empleados, al reunirnos nos dijeron que tenían cuatro o cinco años de no salir al campo. La orden de Xiomara Castro fue que saliéramos de los escritorios a los territorios”, describe.
OENEGÉS MANDAN EN FISCALÍA
El esquema de corrupción es amplio y se extiende a otros campos incluso dentro de las fiscalías en el Ministerio Público.- EL LIBERTADOR se ha entrevistado con el titular de Uferco, el fiscal Luis Javier Santos, que destaca estar en posesión de la documentación de 100 oenegés que hicieron festín de recursos públicos, sin embargo, aqueja que: “No tenemos la capacidad para poder analizarla, y lo más seguro es que quedaran en la impunidad, ya que se requiere recurso humano urgente para poder avanzar en las mismas, el cual se nos ha negado”.
Santos ha confirmado que los fondos asignados a estas organizaciones nunca fueron liquidados, pero la dictadura siguió otorgando dinero porque muchas de éstas pertenecen a diputados o personas con mucha influencia en la política y el sistema de justicia –que entró en nuevo orden recién en febrero pasado–. “El 90% de estos fondos se los robaron, fueron miles de millones de lempiras que se desviaron, así es como han aparecido varios funcionarios millonarios”.
El fiscal, que ha sido condecorado por la sociedad hondureña por su incansable labor para judicializar corruptos, señala que ya han sido llamados a declarar decenas de funcionarios y es previsible que otros sean llamados a rendir cuentas. Santos reafirma que el principal muro para judicializar estos casos, “ha sido el propio MP, por no decir el Fiscal General (Óscar Chinchilla) al no asignar el recurso humano suficiente que se le ha pedido desde el segundo semestre del 2019”.
“La elección de una nueva Corte Suprema de Justicia, es positiva, pero no llena por sí sola, los vacíos de justicia que hay en nuestro país. La administración de justicia es un engranaje donde todos los que formamos parte debemos funcionar con la misma voluntad de combatir la corrupción”, valora.- Un paso clave para el investigador, será el cambio de autoridades en el Ministerio Público reafirmando que debe haber voluntad: “Esperemos que en los próximos meses veamos respuestas contundentes en los casos de corrupción donde hay recursos pendientes de resolver”.
CORRUPCIÓN ES SISTEMA
La corrupción como sistema que se ha instalado en Honduras, según lo plantea la expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras, Liliana Castillo, es el génesis del fracaso de la política social, ya que en la última década esta enfermedad estatal ha aumentado al punto que no es posible implementar una buena estrategia para generar empleo.
Ejemplifica que si se mide la relación entre las exoneraciones fiscales que se otorgan con los beneficios, no se ve un impacto positivo y, sobre todo, porque los fondos para protección social se han usado con fines distintos; lo anterior, trajo efectos sobre el servicio de la deuda pública, “fue subiendo abruptamente y tomó recursos del Presupuesto para atender proyectos sociales, todo esto provoca que la parte social se vaya descuidando y aumentan los índices de pobreza, con el consecuente de migración, delincuencia y todos los indicadores sociales”.
La economista es partidaria de una justicia tributaria que determine un estudio del perdón de impuestos a empresarios, pues son montos de dinero que puede ser reinvertido en reducción de la pobreza; un informe reciente del Sistema de Administración de Rentas (SAR), revela que en 12 años el perdón fiscal a empresarios ascendió a más de 450,000 millones de lempiras, cifra que doblega los 235,151 millones de lempiras que componen el total de la deuda pública, según el boletín enero 2023 del Banco Central de Honduras (BCH).
“La principal condición que ponen para este beneficio fiscal es que generen empleo pero hay empresas que solo cumplen el primer año y no vuelven generar, a esas empresas debería suspenderse el beneficio; hay otras que no pagan impuestos y no generan empleos, y se les permite traer materia prima sin cargas. No existe un seguimiento o control a las exoneraciones”, cuestiona Castillo.
En tanto, el director del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (FOSDEH), Mauricio Díaz Burdett, afirmó a este periódico que han compartido al Gobierno una estrategia para reducción de la pobreza como punto clave para el desarrollo social. La iniciativa consiste en crear un “banco de tierra”, para otorgar terrenos a la ciudadanía para labrar y producir granos básicos.
“Claro, no puede hacerse transacciones indebidas, tiene que imperar la ética y no será fácil, ya hubo un proceso de Reforma Agraria en el que se fracasó”. Amplia que esta medida traería efectos con mejores resultados que replicar el viejo modelo de “ayuda condicionada”.
HACIA JUSTICIA POPULAR
Honduras ha entrado en una larga transformación de la clase política y transición hacia la impostergable refundación de la Nación, pero a juicio de la defensora de Derechos Humanos, Hedme Castro, se debe tener presente que los hondureños aún se sienten al margen de los beneficios comunitarios.- Y es que desde hace siglos el funcionario nacional concibe de forma autoritaria que el patrimonio público es su portal para aspirar a “cargos eternos y repartir los bienes y el dinero del pueblo”
Esta praxis –desglosa la lideresa– es la principal causa para que el país, en lugar de avanzar vaya en retroceso en lucha contra la pobreza y violencia, educación y salud, entre otros.- Vinculado a lo anterior, Castro es enfática que para llegar a un punto de buena política social, se debe abordar también el tema de justicia.
En 2019 el Congreso Nacional, bajo el mando del nacionalista Mauricio Oliva, aprobó reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que inhabilita a Uferco –entonces llamada Ufecic– presentar acción penal durante se ejecute una auditoria, procesos que puede tomar varios años al ente veedor y que, según nuevo Código Penal puede derivar en impunidad.
Todo lo anterior, para Castro conlleva “reformar el Código Penal, porque allí aparecen las condenas para corruptos y abarca delitos que incluso se vinculan al narcotráfico, como es el lavado de activos y otros rubros que exponen a la población”.
La expectativa es alta en una sociedad que desde su nacimiento –hace 500 años– ha sido golpeada, saqueada y asaltada; el sello de honestidad es la clave para el nuevo amanecer de los hondureños que han desarrollado capas de indiferencia como mecanismo de auto defensa. Pero bien lo retrata el eterno poeta, Roberto Sosa, “los pobres son muchos y es imposible olvidarlos”. Quizá porque nunca fueron tantos ni tan miserables como la herencia acumulada hasta 2023.
Esta investigación ha contado con apoyo financiero de la Unión Europea a través del Proyecto HondurACTion.- Este contenido es responsabilidad exclusiva de EL LIBERTADOR y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
Nota: Por el grado de interés para el pueblo hondureño, está investigación, con nuevos hallazgos no publicados en este reportaje, será parte del contenido en la próxima edición mensual de EL LIBERTADOR.
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