Tanto militares como policías participaron en “las medidas represivas que se han concentrado en las provincias del sur, donde Castillo tenía su base de apoyo”, reseña The New York Times con relación a las violaciones de Derechos Humanos en Perú durante protestas donde se reporta al menos 60 muertes.
Agencias / EL LIBERTADOR
Las masivas manifestaciones que estallaron en Perú en diciembre de 2022, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia, vinieron acompañadas de una sistemática represión por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que dejó decenas de personas fallecidas, según una investigación del diario The New York Times publicada este jueves.
En su material, basado en el análisis de cientos de videos y de imágenes de la represión estatal, el medio estadounidense califica de «excesivo» el uso de la fuerza a manos de los efectivos durante las protestas contra Boluarte, en las que miles de personas exigieron su renuncia.
La revisión de informes de autopsias y de balística, tanto de cadáveres como de personas heridas reflejó que hubo violación de los protocolos de seguridad peruanos en las localidades de Ayacucho, Juliaca y Macusani.
Según la Defensoría del Pueblo, las protestas, que exigían el cierre del Congreso y en algunos casos la convocatoria de una asamblea constituyente, se saldaron con más de 60 muertes y más de 1.300 heridos.
The New York Times menciona el uso de escopetas con munición letal, en particular «rifles de asalto contra manifestantes que huían», así como «la muerte de personas desarmadas que estaban a cientos de metros de distancia».
«Tanto los militares como las fuerzas de la Policía Nacional han participado en las medidas represivas que se han concentrado en las provincias del sur, donde Castillo tenía su base de apoyo», agrega el medio.
En su indagación, el diario no encontró pruebas de que las armas caseras portadas por algunos manifestantes causaran decesos de civiles. Por el contrario, descubrió que «la mayoría de las muertes fueron causadas por armas de fuego».
Actualmente, la presidenta Boluarte es investigada por posibles delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves relacionados con las movilizaciones.
El 24 de enero, luego de que ocurriera la masacre de Juliaca, Boluarte dijo que no se trató de una protesta pacífica. En un discurso, afirmó que «es una acción violenta generada por un grupo de personas radicales».
Sin embargo, la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, declaró al diario norteamericano el pasado mes de febrero que el Ejecutivo no tenía pruebas de que las protestas estuvieran siendo impulsadas por grupos criminales.
Hasta ahora, ningún militar o agente de Policía ha sido acusado o detenido con motivo de las muertes ocurridas en las manifestaciones.
El Gobierno niega represión
El 9 de marzo, el ministro del Interior, Vicente Romero, negó las acusaciones cuando asistió al Congreso de la República para ser interpelado por las bancadas por estos hechos.
«No hubo represión policial hacia los manifestantes, lo que se ha dado es resguardar a la población, a los activos críticos nacionales y la propiedad pública frente a los ataques», aseveró Romero.
No obstante, el lunes 6 de marzo, expertos de la ONU manifestaron que la represión contra los manifestantes en Perú ha afectado «desproporcionadamente» a los defensores de los derechos humanos, a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas.
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