Comunidades del sur de Honduras se han reunido con una comisión del Congreso Nacional para solicitar la derogación de la reforma del Código Penal que en su artículo 378 criminaliza a defensores del ambiente por “usurpación”, figura jurídica que hostiga y amenaza la vida de activistas sociales.
Ante esta iniciativa, el presidente de la Cámara de Comercio de Cortés, Eduardo Facussé, opinó que para los industriales es un riesgo y espera que la Comisión Legislativa deniegue la petición “inmediatamente”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Campesinos, defensores del territorio y abogados especialistas en Derechos Humanos, han presentado al Congreso Nacional (CN), una petición para derogar las reformas del Decreto No. 93-2021 sobre el delito de usurpación tipificado en el artículo 378 del Código Penal.
La petición fue presentada por pobladores de Zacate Grande, departamento de Valle, y, Namasigüe, departamento de Choluteca, acompañados por un equipo de abogados especialistas en defensa de Derechos Humanos.
Esta solicitud está relacionada a los históricos procesos de criminalización de pobladores y activistas sociales, sugiriendo derogar esa figura del Código Penal hasta resolver los conflictos por tierra que dejó la dictadura del Partido Nacional.
Según la abogada Denia Castillo, que acompañó a pobladores del sur de Honduras, “es un decreto en el que el delito de usurpación ha sido agravado como figura legal utilizada para acusar a los defensores de la tierra”
La togada criticó que esta figura en el nuevo Código Penal –que entro en un periodo indefinido de “Vacatio Legis”– estipulaba una pena dos a cuatro años de prisión contra “usurpadores”, pero con la aprobación del Decreto 93-2021 pasó de seis a diez años de prisión.
En tanto, la también abogada, Kenia Oliva, denunció que las comunidades en mención han sido zonas amenazadas y perseguidas por “empresarios grandes”, sobre todo en el sector de Zacate Grande donde los pobladores nunca recibieron sus títulos de propiedad.
“La reforma al 93-2021 autoriza al Ministerio Público para desalojarlos, aun sin que exista un requerimiento fiscal, en Zacate Grande ellos han tenido 150 personas que han sido acusadas por el delito de usurpación”, explicó la abogada.
El presidente de la Comisión Legislativa que atendió a ciudadanos, diputado Ramón Barrios (Libre), dijo que después de escuchar la petición y el contexto del sur hondureño, tomarán cartas en el asunto y visitarán las comunidades afectadas.
“Para la Comisión, es emblemática la problemática de la criminalización de los defensores de los bienes nacionales y de los espacios públicos. Los hemos escuchado e inclusive vamos a ir al sitio donde ellos tienen la problemática”, anunció Barrios.
Por otra parte el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, dijo que aunque entiende las quejas de la ciudadanía, aceptar una derogación del delito de usurpación sería un “camino totalmente equivocado”.
El empresario dijo que los industriales rechazan la petición y esperan que el Congreso “deniegue inmediatamente” esa solicitud, instando a las instituciones del Estado a buscar una alternativa para resolver los conflictos por la tenencia de tierra.
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