El Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción, condenó por a seis años de prisión al exdirector de Invest-H, Marco Bográn y cuatro para Alex Alberto Moraes, ambos enjuiciados por delitos de fraude en la compra de mascarillas a la empresa GyT que era representada por Juan José Lagos (capturado en Estados Unidos), esposo de la exdiputada nacionalista Waleska Zelaya.
Con esta sentencia, Bográn ya suma más de 16 años de reclusión por haber participado en el saqueo de recursos que en 2020 se aprobaron para salvar vidas de hondureños frente al embate del Covid-19.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Esta mañana, la justicia hondureña ha sumado seis años de prisión al exdirector de Inversión Estratégica Honduras (Invest-H), Marco Bográn Corrales, en el caso que involucra a la empresa GyT S.A. por la compra irregular de mascarillas N95 en 2020.
El exfuncionario ya había sido condenado a 10 años de reclusión por “fraude agravado” en la compra de los inútiles “Hospitales Móviles” que costó a los hondureños 1,200 millones de lempiras; en tanto, el exadministrador de la estatal, Alex Moraes Girón, sumó cuatro años a los 15 que ya había recibido en el juicio de 2022.
Un comunicado del Poder Judicial (PJ), apunta que Bográn –al igual que Moraes– ha sido hallado culpable por fraude en la compra de los insumos de bioseguridad, y además de los años de cárcel deberá pagar una multa de casi 40 millones de lempiras “más la inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por el doble del tiempo de la pena en prisión”.
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Según el documento, durante el juicio oral y público, se confirmó que ante la urgencia por Covid-19, Bográn encargó la compra de 474,000 mascarillas N95 a la empresa GyT, que era representada por Juan José Lagos (capturado en Estados Unidos), esposo de la exdiputada del Partido Nacional, Waleska Zelaya.
La acción quedó en registro en la orden de compra 019-2020 en fecha 8 de abril de 2020, donde Invest-H entregó más de 20 millones de lempiras a José Lagos como un adelanto del 40% del monto total –que era de casi 51 millones de lempiras– para adquirir los insumos.
La orden fue firmada por Moraes Girón, quien además firmó el formulario de gasto F01, para pagar el anticipo pese a que el porcentaje excedía lo establecido en la Ley de Contratación del Estado (por un 20%) y las Normas MCC (por un 15%); además que tampoco contó con el argumento del porqué se tomó esa decisión.
En el fallo, la justicia explicó que cuando estas mascarillas provenientes de Costa Rica entraron al país, Juan José Lagos contactó a Bográn para vendérselas a través de una tercera empresa, el funcionario accedió en la orden 037-2020 a nombre de la industrial GERMAR por 39,396,000 lempiras –pago ejecutado el 25 de mayo de 2020–.
Una vez que GERMAR recibió el pago por los insumos, procedió a emitir un cheque de caja por 37,913,000 lempiras a nombre de Juan José Lagos, acto seguido se depositó en una cuenta de banco a su nombre.
Lagos luego regresó el anticipo de 20,334,600 lempiras que Invest-H pagó el 8 de abril de 2020, producto de la “cancelación” de la orden de compra; todo lo anterior, deja manifiesto que se buscó el beneficio usurero del grupo GyT que, para cuando inició la acción penal en agosto de ese año, vendió sus acciones a una empresa panameña.
Apoderados legales de Bográn informaron que presentarán recurso de casación porque su cliente “es inocente”; en tanto, la Fiscalía del Ministerio Público hará lo propio porque considera hay base legal para castigarlos por delito de violación a los deberes de los funcionarios.
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