El pasado fin de semana, el dirigente campesino Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier Rivas, fueron asesinados en la comunidad de Ilanga en Trujillo, Colón, según reporte de la Plataforma Agraria, por defender a campesinos de los atropellos en el Bajó Aguán; con este crimen, ya son siete activistas sociales asesinados en la zona.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Más de 100 organizaciones de defensa de Derechos Humanos, han sumado voces para exigir justicia ante los crímenes recientes que se reportan en las comunidades de Guapinol y el Valle del Aguán, ambas en el departamento de Colón, instando al Estado de Honduras detener el embate extractivista y expropiación de territorio.
Y es que el pasado domingo, a días de cumplirse un mes del asesinato de los defensores del territorio: Aly Domínguez y Jairo Bonilla, la Plataforma Agraría denunció el crimen contra el dirigente campesino Santos Hipólito Rivas y su hijo Javier Rivas, en la comunidad de Ilanga, municipio de Trujillo, departamento de Colón.
Hipólito Rivas, destacó por su activismo social como fundador de la empresa campesina Gregorio Chávez, razón que le significó ser víctima de hostigamiento, amenazas y otros actos de violencia; según la denuncia de la organización, ya se había alertado que eran asediados por un supuesto grupo armado liderado por “Piturro”, que opera en la zona.
En un comunicado, la Plataforma Agraria afirma que el Estado ya conocía esta alerta, pues el activista social recibió medidas de protección del mecanismo de defensa, desde el 28 de marzo de 2019.
El crimen, fue condenado por la ONU que cuenta con información a detalle de la exagerada crisis territorial y ambiental en el Aguán que, desde 2009, ha cobrado centenares de vidas en ese escenario de enfrentamiento entre campesinos y terratenientes.
DE INTERÉS: CRIMEN NO DA TREGUA A DEFENSORES, OTROS DOS ASESINADOS EN TOCOA
La secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, condenó el suceso resaltando que el activista social era una persona clave en la zona, pues “era nuestro enlace para la ampliación de medidas de protección ante los asesinatos que ya se han venido dando en las últimas semanas”.
Precisamente, la Plataforma Agraria lamentó que en lo que va de 2023, ya son siete defensores del territorio los que han muerto de forma violenta.
En enero pasado, el director del Instituto Nacional Agrario (INA), José Francisco Funes, señaló que el Gobierno ya está elaborando una estrategia para que el Bajo Aguán salga del histórico conflicto por titulación de tierras, expropiaciones y asesinatos.
En un comunicado oficial, más de 100 organizaciones de Derechos Humanos, han manifestado su constante estado de alerta por la destrucción del patrimonio ambiental de Guapinol, donde aquejan que pese a los crímenes comprobados y la destrucción ambiental, la institucionalidad es pasiva para actuar.
Deja un Comentario