El antiguo funcionario judicial, Daniel Arturo Sibrián Bueso, es ahora el estorbo de esta noche para elegir los 15 magistrados de la Corte Suprema, período 2023-2030; En el golpe de Estado de 2009, Sibrián selló la orden de captura contra el presidente “Mel” Zelaya, dirigida al coronel René Hepburn, ejecutada dos días después, el 28 de junio.- Después sirvió fielmente a la dictadura en el Ministerio Público; por eso el CNA lo llamó en Washington: “Tapadera de la corrupción y narcotráfico”.
Aunque Sibrián ha servido con todas sus fuerzas los delitos del Partido Nacional en los últimos 12 años, se presenta como candidato del Partido Liberal para magistrado en la siguiente Corte Suprema de Justicia, para eso cuenta con la presión de los liberales Yury Sabas, Mauricio Villeda Bermúdez y Marlon Lara, y de los nacionalistas Tomás Zambrano, “Toño” Rivera y Mario Pérez.
El 16 de marzo de 2011, Sibrián ratificó que su apego al golpismo es absoluto e incondicional, por tanto, su enemistad está declarada contra la causas sociales del soberano pueblo hondureño, ese día, plasmó su firma como secretario de la Sala de lo Constitucional, denegando la petición de anular las cuestionadas elecciones generales durante el golpe de Estado de 2009.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Daniel Arturo Sibrián Bueso, ha sido altamente cuestionado por organismos de sociedad civil y ciudadanía en general, ya que forma parte de la estructura de Óscar Chinchilla, reconocido amigo del extraditado por narcotráfico, Juan Hernández, que se tradujo en los últimos tiempos en un inútil Ministerio Público contra delitos de alta escala.
En la actual gestión de las fiscalías, desapareció la función del fuerte acusador de la sociedad hondureña, casi 40 peligrosos criminales han sido extraditados a Estados Unidos, pero de eso jamás se dieron cuenta ni Óscar Chinchilla y, Daniel Sibrián por invisible, cabe en la categoría de simple chambero oportunista y “paracaidista”.
De pronto, Daniel Sibrián, se ha transformado en el principal obstáculo para nombrar los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, período 2023-2030, propuesto por influyentes del Partido Liberal (Yury Sabas, Mauricio Villeda Bermúdez y Marlon Lara) y aclamado por la cúpula del Partido Nacional (Tomás Zambrano, “Toño” Rivera y Mario Pérez).
Sibrián es egresado en Ciencias Jurídicas con orientación en Derecho Mercantil en septiembre de 2000 se tituló abogado; entre 2005 y 2017 obtuvo máster en Derecho Público y Tutela de Derechos.- Su vida profesional comenzó en el Poder Judicial en 1994 en el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de Francisco Morazán como escribiente, luego pasa como relator de la Corte y para 2002 ejerció como secretario en la Sala de lo Constitucional, en 2014 fue trasladado como consultor del Fiscal General en el Ministerio Público y en 2018 fue electo Fiscal General Adjunto.
Para que ambos llegaran a esos puestos, la dictadura de Juan Hernández cometió varios delitos de traición a la Patria y contra el espíritu constitucional, ni Chinchilla podía ocupar la fiscalía general, para empezar.
La actual subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, hizo público su lamento ante la aprobación de la Nominadora por Sibrián, que fue denunciado además por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en un foro internacional en Washington por ser “tapadera de la corrupción y narcotráfico”.- Como candidato no fue brillante, la Junta Nominadora apenas lo calificó con 75 por ciento en el proceso de selección de postulantes a magistrados.
En el marco del golpe de Estado se identificó el sello de Sibrián en la orden de captura contra el presidente Zelaya, dirigida al coronel René Hepburn, ejecutada dos días después: el 28 de junio.- En agosto de 2022 amenazó a la comunidad Garífuna e indígena por una protesta en la sede de Fiscalía en exigencia de respuesta por la desaparición de cinco dirigentes de la comunidad del Triunfo de la Cruz en 2020.
El 16 de marzo de 2011, Sibrián ratificó que su apego al golpismo es absoluto e incondicional, por tanto, su enemistad está declarada contra la causas sociales del soberano pueblo hondureño, ese día, plasmó su firma como secretario de la Sala de lo Constitucional, denegando la petición de anular las cuestionadas elecciones generales durante el golpe de Estado de 2009.
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