Causa sorpresa a la sociedad hondureña que el magistrado, Jorge Alberto Saldaña, no haya sido eliminado del proceso de nominación a candidato del nuevo pleno de la Corte Suprema de Justicia; un simple resumen de su conducta profesional lo exhibe como violador de derechos humanos, de la libertad de expresión y del delito de traición a la Patria al colocarse por encima del soberano que es el pueblo hondureño, eso se llama también abuso de autoridad y exceder los límites de las funciones públicas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En 2009, días antes del golpe de Estado, el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Alberto Zelaya Saldaña –que ahora busca reelección en el cargo a través del proceso que rectora la Junta Nominadora– en ese entonces, siendo juez de lo Contencioso Administrativo, usurpó la soberanía que constitucionalmente reside en el pueblo hondureño, al prohibir a Periódico EL LIBERTADOR que consultara a la ciudadanía si quería o no una nueva Constitución de la República.
Consta en los archivos históricos y en publicaciones de este medio de comunicación, que en la Constancia Judicial, Zelaya Saldaña, advierte al Director Fundador de EL LIBERTADOR, Jhonny Lagos, que de seguir haciendo consultas ciudadanas sobre si aspira o no a una nueva Carta Magna, sería acusado por “sedición” y sería castigado con no menos cinco años de cárcel, más una cuantía en dinero efectivo como multa, no especificada.
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EL LIBERTADOR, apegado a su esencia de compromiso social con los más altos anhelos del pueblo hondureño, no acató la petición judicial ilegítima de Saldaña, además, se ajustaba al respaldo de principios del derecho de la población a opinar, a estar informada, a la libertad de expresión, a convenciones internacionales de Derechos Humanos y a la propia Constitución de la República; sabíamos que no obedecer esa arbitrariedad tendría consecuencias peligrosas para las personas que dan vida a este medio como luego aconteció en el contexto del golpe de Estado.
Oficialmente, 101 profesionales del Derecho continúan en carrera para uno de los 45 perfiles finales que serán remitidos al Congreso Nacional para seleccionar a los 15 magistrados del nuevo Poder Judicial, y entre éstos aun figura el reconocido Zelaya Saldaña, conocido por los hondureños por haber firmado la libertad de todos los implicados en “Caso Pandora”, Zelaya Saldaña tiene su historial desde el golpe de Estado, en 2009.
Zelaya, además, fue fiel al proyecto de saqueo y latrocinio de la dictadura Hernández, representa esa trágica institucionalidad que permitió al narco asaltar la República, prohibir la Constitución de la República admitiendo el delito de reelección presidencial, despido de magistrados opuestos a los proyectos anti nacionales del Gobierno Hernández, y nunca habrá unidad en la nación hondureña, mientras persista la ausencia de justicia para el pueblo, menos con una nueva Corte que haga simbiosis con el periodo más obscuro y mortal del país.
DELITO DE TRAICIÓN PATRIA
El capítulo I de la constitución de la república, dice en torno De la Organización del Estado:
Artículo 2.- La Soberanía corresponde al Pueblo del cual emanan todos los Poderes del Estado que se ejercen por representación.
La soberanía del Pueblo podrá también ejercerse de manera directa, a través del Plebiscito y el Referendo.
La suplantación de la Soberanía Popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de Traición a la Patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano. (* Modificado por Decreto 295/1993).
NASRALLA RECUSA A SALDAÑA
En agosto de 2019, el expresidenciable de la Alianza, Salvador Nasralla, a través del abogado René Adán Tomé, presentó en la Sala de lo Constitucional un recurso en el cual recusó al magistrado Jorge Alberto Zelaya Saldaña por tener filiación nacionalista y no haberse pronunciado en una acusación presentada en años anteriores por quien ahora ostenta la presidencia del Poder Legislativo, Luis Redondo.
Esa vez, Nasralla también recusó al actual presidente de la Corte Suprema, Rolando Argueta, por acciones durante fungió como director de fiscales en el Ministerio Público y por el delito de traición a la Patria, igualmente por ese delito se acusó a un grupo de funcionarios del Gobierno Hernández.
La acusación había sido presentada desde el 25 de junio de 2019, apoyada por la Plataforma Ciudadana y además implicaba al entonces gobernante, Juan Hernández, que después fue extraditado y enjuiciado por narcotráfico en Estados Unidos.
El alegato del jurista Tomé, de esa ocasión, solicitaba el restablecimiento del orden constitucional y que los magistrados colaboren en la efectiva vigencia de la constitución.- La Junta Nominadora hoy puede contribuir a que se cumpla esa urgencia nacional.
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