La Asociación para una ciudadanía Participativa (ACI-Participa), se ha unido al reclamo de defensores de Derechos Humanos (DD.HH.) ante el estado de excepción que se emitió para 162 barrios y colonias del país, reclamando que esto pudo evitarse si la Fiscalía, Corte y agencias de seguridad, hubieran cumplido con sus obligaciones al momento de sus nombramientos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
PRONUNCIAMIENTO
PREOCUPANTE MEDIDA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Enorme preocupación genera la declaración, vía decreto, del Estado de Excepción en más de centenar y medio de barrios y colonias de las dos principales ciudades de Honduras a partir de este martes 6 de diciembre. Esta medida excepcional afecta garantías fundamentales establecidas en la Constitución de la República, como: 1. La libertad personal; 2. La libertad de asociación y de reunión; 3. La libertad de circulación; 4. La inviolabilidad del domicilio.
La preocupación se genera y justifica porque ésta, es una medida extrema utilizada recurrentemente por regímenes dictatoriales para controlar a la población haciendo uso de acciones ilegales que provocan temor y angustia. No hay duda que la situación argumentada para llegar a este extremo, es real y grave; pero, no es nueva. Ha venido avanzando como avanzan los años del presente siglo. Ha sido parte de las promesas mentirosas de los gobernantes de los últimos 20 años. Por lo tanto, dada la gravedad del problema, quien gobierna el país debió considerarlo seriamente, al grado de tener una estrategia para enfrentarlo con aceptables garantías de éxito. Pero esta declaración de excepcionalidad no puede ser parte de una estrategia larga y mesuradamente planificada. Es producto del precipitado afán de dar una respuesta al reclamo de sectores agobiados por la acción criminal y, es consecuencia del fracaso de las políticas represivas utilizadas hasta hoy, para hacer frente a la criminalidad.
La preocupación se genera y justifica porque las instituciones encargadas de hacer valer y ejecutar este decreto, no gozan de la credibilidad y de la confianza de la población honesta y menos de la que directamente es afectada por la declaratoria; pues, para nadie son desconocidos los señalamientos de las vinculaciones de miembros de estas instituciones con el crimen organizado. Las extradiciones así lo pregonan y la impunidad prevaleciente así lo prueba. A los fiscales, jueces, a la Corte Suprema en pleno, los tiene bajo sospecha la población, y qué decir de altos mandos policiales y militares, quienes, con sus dudosas actuaciones, han dado un terrible ejemplo a los elementos que integran sus instituciones, y siguen sus pasos, al grado que no generen respeto sino temor en la población. Más aún, después del sainete montado por la pusilánime “Comisión Depuradora” con sus “depuraciones”.
La preocupación se genera y justifica porque quienes promovemos y defendemos los derechos humanos y luchamos porque se garantice su respeto y ejercicio, sabemos que en circunstancias normales, todos los actores señalados en el párrafo que antecede, son frecuentes violadores de los derechos humanos, por lo tanto, el panorama en materia de los derechos humanos de las personas que habitan en las demarcaciones afectadas, es sumamente precario y preocupante, ante la amplia discrecionalidad de actuaciones que otorga el decreto, por lo que los abusos estarán a la orden del día amparados con un manto de “legalidad”.
La preocupación se genera y justifica para la población empobrecida; pero, honrada y honesta que habita en los barrios y colonias cuyo listado de nombres fue dado a conocer oficialmente en el periódico oficial La Gaceta. Fueron oficialmente estigmatizados como delincuentes. La mayoría de las personas que habitan en esos barrios y colonias son personas decentes cuya precaria situación económica (miseria) las obliga a vivir en esos lugares, agobiadas por la violencia, la inseguridad, la impotencia y la impunidad que han soportado por años, durante los cuales, el crimen organizado ha reclutado a las y los jóvenes sin oportunidades ni esperanzas, para convertirlos en sus peones y en carne de cañón en sus luchas de control territorial. A todo eso, esas personas honestas sumarán la angustia que vivirán durante supuestos 30 días, temiendo que en cualquier momento, hombres y mujeres de uniforme y seguramente con el rostro oculto, se metan a sus casas a revolver sus míseras pertenencias. Lo peor de todo es, que estas personas, igual que nosotros, temen que todo esto no servirá de mucho, porque creen que la policía sabe quiénes son los que dirigen el crimen organizado, los que normalmente no residen en esas barriadas, sino, en zonas residenciales de alto pelaje, junto a los delincuentes de cuello blanco y corbatas de seda. Bien lo decía el malogrado y nunca bien ponderado Alfredo Landaverde. “Las autoridades, hasta el más alto nivel, saben quiénes dirigen o se benefician del crimen organizado en este país” no actúan porque les faltan agallas o son parte de él.
La suspensión por 30 días de las garantías establecidas en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución de la República, supone que: Las personas de estas demarcaciones están expuestas a ser detenidas, arrestadas y encarceladas; Que durante el período señalado no podrán realizar reuniones; Que durante los toques de queda no podrán circular libremente, y, Que su domicilio puede ser objeto de registros sin ninguna explicación. Ojalá que en cada acción de registro domiciliario esté la presencia de un/a funcionario/a del CONADEH como garante veedor y no como pasivo espectador de los abusos. Ojalá, y esta es nuestra petición, que los policías y soldados enviados a realizar estas tareas, no olviden que no nacieron en mansiones lujosas, sino, en hogares humildes y seguramente pobres como los de estas poblaciones objeto de su intervención y que por lo tanto, sus habitantes merecen su respeto. Ante esta declaratoria ya vigente, que pudo evitarse si las y los fiscales del Ministerio Público y los jueces de los tribunales de justicia hubiesen cumplido con sus obligaciones contraídas al momento de sus nombramientos; si la Policía Nacional hubiese cumplido con sus funciones establecidas en la ley y actuado honesta y profesionalmente remitiera a los tribunales a aquellos de sus miembros abusivos y/o participantes en acciones delincuenciales; si quienes han tenido y tienen bajo su responsabilidad los Centros Penales hubiesen ejercido el control verdadero de lo que entra, sale o sucede en estas instituciones; pero, no ha sido así y más bien, todos ellos deberían formar parte de la población recluida en ellos; ante esta situación dada, decíamos, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, nacionales e internacionales, deberán estar vigilantes y atentas a denunciar y documentar todas aquellas acciones abusivas y constitutivas de violación de los derechos humanos. A las personas honestas de estas comunidades, nuestra solidaridad y recomendación a no exponerse innecesariamente y a portar en todo momento sus documentos de identificación. Tenemos dolorosas experiencias de situaciones iguales en el 2009 y 2017.
ACI PARTICIPA.
Tegucigalpa, MDC, 6 de diciembre de 2022.
Deja un Comentario