La administración de Xiomara Castro, en el marco de la presentación de un plan integral contra la extorsión y delitos conexos, ha declarado este jueves un “estado de emergencia” por los altos índices de violencia que atormenta a la sociedad hondureña.
Redacción Central/ EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La presidenta de la República, Xiomara Castro, ha prometido que con el plan integral de combate a la extorsión y delitos conexos –que fue presentado hoy– se erradicará la estructura del crimen organizado que ha obligado a los hondureños a pagar hasta 18,000 millones de lempiras cada año por el cobro de “impuesto de guerra”.
Castro, consciente que este flagelo también repercute en exilio y muerte de ciudadanos, afirmó que con este nuevo plan se busca recuperar la dignidad perdida durante la dictadura de Juan Hernández, quien enfrenta una acusación por narcotráfico en Estados Unidos y que ha sido señalado por tener nexos con maras y pandillas en el territorio nacional.
“En los últimos 12 años, el pueblo hondureño fue víctima de la imposición de un cartel del narcotráfico desde el Estado mismo, que permeó las instituciones y las estructuras policiales y militares, elevando sin límites la violencia, la extorsión y la formación de organizaciones criminales”, dijo.
“Con la Estrategia Integral Contra la Extorsión y Delitos Conexos, anunciada hoy por la Policía Nacional, este gobierno del socialismo democrático, le declara la guerra a la extorsión, así como desde el primer día le declaramos la guerra a la corrupción, a la impunidad y al narcotráfico”, amplió.
La presidenta Castro ha dicho que la extorsión es el resultado siniestro del crimen organizado en Honduras, y que “la Policía Nacional cuenta con todo mi apoyo para combatir el crimen, la extorsión, el narcotráfico y desarticular las organizaciones criminales, hasta identificar y capturar a los cabecillas de cuello blanco, vamos a erradicar la extorsión hasta en el último rincón de nuestra patria”.
Cabe señalar que especialistas en seguridad han señalado que ante la falta de confianza hacia las autoridades y por la grave impunidad del país, la ciudadanía prefiere ceder al crimen y no denunciar por temor a represalias, esto se traduce a que el 99% de hondureños acosados por extorsionadores no se amparan en el sistema de justicia.
Según trasciende en un estudio de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), al menos 206,626 hogares han sido víctimas de extorsión, es decir que unos 900 mil hondureños han tenido que pagar el “impuesto de guerra”.
El documento de ASJ señala que cada año los hondureños pagan hasta 18,000 millones de lempiras y que incluso han surgido nuevos esquemas de extorsión que se extiende en depósitos bancarios, rifas clandestinas o compra forzada de servicios o bienes; además, implica que las víctimas son forzadas a colaborar con la venta de drogas y otros flagelos más.
De acuerdo con el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, para esta operación hay disponibles más de 19,000 agentes de policía, y abogó por tomar una postura determinante en el combate al crimen.
“Esta es una estrategia para el abordaje del crimen común y especializado que ha afectado gravemente a nuestra colectividad, históricamente ha crecido este problema, 30 o más años, pero hoy la señora presidenta ha decidido ponerle coto a este flagelo de una forma decidida”, destacó.
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