Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La secretaría de Finanzas, Rixi Moncanda, anunció hace unos días –con semblante pensativo— que más de 59,000 millones de lempiras dejará de recaudar el Estado de Honduras en 2022 por concepto de exoneración del pago de impuestos a un grupo de empresarios privilegiados con leyes especiales de producción.
Desde hace tres décadas un grupo de empresas acogidas a varios regímenes de exportaciones gozan de privilegios fiscales bajo la excusa de ayudarlas a que compitan en el mercado internacional.
Sin embargo, los resultados de estos incentivos tributarios en los hechos únicamente han reproducido mayor desigualdad social entre la riqueza de los hondureños más ricos y la pobreza de los más pobres, y no mayores exportaciones del país, al contrario, el aparato productivo nacional orientado al extranjero nunca compitió y terminó hundiendo la balanza comercial hondureña, tanto así, que las importaciones ya superan en alrededor de 8,000 millones de dólares a las exportaciones.
Aunque todos los gobiernos han venido lamentando el altísimo costo financiero y social de estar perdonando impuestos por más de 30 años a un grupito de empresarios que han acumulado fortunas en nombre de la ficticia competitividad internacional, en la práctica, la presión política y el poder de los privilegiados se ha impuesto a la decisión técnica de revisar y eliminar favores inútiles para beneficiar el interés nacional.
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