A criterio del exagente de la DEA, Mike Vigil, el juez Kevin Castel está observando hasta donde llega el Gobierno de Estados Unidos y la defensa de Juan Hernández, pues los medios de prueba en contra del exgobernante hondureño involucran a varias agencias de seguridad que, se traduce como un riesgo de alto impacto al norteamericano país.
Lo anterior ha sido vertido luego de la audiencia de Hernández, donde se ratificó el deseo de ir a juicio dentro de cinco meses, siendo esta –según Vigil– una decisión no muy inteligente del abogado Raymond Colon porque en este lapso pueden surgir nuevas arrestos de “capos” que testifiquen en contra.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Ayer, durante la audiencia del dictador hondureño, Juan Hernández, por la acusación de conspiración para traficar droga y otros delitos vinculantes, se ratificó la celebración del juicio para abril de 2023, con la afirmación de sus abogados defensores que, a juicio del exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vigil, ha sido un error de los togados.
Según Vigil estos cinco meses de espera pueden ser clave para condenar a Hernández en caso que la DEA u otra agencia de seguridad del norteamericano país, arresten a algún capo vinculado al caso del exgobernante y que éste testifique en su contra.
El exagente refirió que el momento actual de este caso, se conoce como “etapa de descubrimiento” que es cuando la Fiscalía, la Corte y los abogados defensores, conocen y preparan las pruebas para el juicio, y, en este contexto, asegura que fue un error del abogado Raymond Colon, aceptar la postergación hasta abril de 2023.
El experto en seguridad mencionó que el juez Kevin Castel –que condenó “Tony” Hernández, hermano de JOH– evalúa la evidencia y usará este tiempo para “ver dónde está el Gobierno (de EE.UU.) y dónde está la defensa en todo esto”.
Y es que observó que al tratarse de un exjefe del Estado que recibió apoyo de su país para reelegirse con fraude –pese a que la Constitución hondureña prohíbe la continuidad–, la información es interinstitucional, es decir que vincula a varias agencias de Seguridad Nacional.
“Muchas agencias tenían más documentos sobre Juan Orlando Hernández; la CIA (inteligencia estatal), la DEA, el FBI… eso puso en una situación difícil a los fiscales porque ellos tenían que coordinar con todas estas agencias y éstas tenían que revisar todos sus archivos para buscar documentos que se tratan del exmandatario”, señaló.
Sumado a lo anterior, el abogado Colon tenía que despasar la investigación completa que involucra documentos clasificados que “pueden tener un impacto en seguridad nacional de los EE.UU.”, y cuestionó que todo lo anterior “es raro” pues el equipo de abogados –donde también figura el mediático detective Ángel Martínez– juró que la Fiscalía “no tenía ninguna evidencia”.
Vigil recalcó que el Juez Castel conoce a detalle el caso de “Tony” –condenado a cadena perpetua en 2019– “ya sabe mucha de la evidencia” y esto es un riesgo muy alto para el abogado Colon, “porque ahora faltan como cinco meses para abril y el Gobierno puede desarrollar más evidencias, por ejemplo, podría detener a alguien que tenga vínculos con el exmandatario y éste colaboraría, entonces es un riesgo”.
Subrayó que el abogado de Hernández tiene que estudiar más las pruebas y enfocarse en su cliente pues pareciera que el defensor se enfoca en cosas inútiles, y reiteró que éste debe orientarse en la evidencia y en el juicio del próximo año, ya que el tiempo corre rápido.
El juicio de Hernández fue programado para el 24 de abril de 2023, por sugerencia del juez sin objeciones de la Fiscalía de New York ni del abogado Colon.
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