El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha comunicado en su cuenta de Twitter que empresas que hayan nacido con vicios de atentado a la Constitución podrán exigir “derechos”, lo anterior ante las amenazas de los empresarios de las ZEDE de demandar al Estado por más de 270 millones de lempiras.
Redacción Central/ EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Este viernes el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, se ha reunido con el asesor financiero de una de las más controversiales de las extintas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico “Honduras Próspera” –que sigue en obras–, José Luis Moncada, buscando un consenso que no tuvo éxito y reafirmó la insólita amenaza de la “empresa” del norteamericano, Erick A. Brimen.
Y es que a pesar de ser derogadas por su atentado a la Constitución hondureña, los “bucaneros” de las ZEDE han informado que el Estado hondureño tiene hasta el 16 de diciembre para “legalizar” el asentamiento de Próspera en Roatán, sino éstos impondrán una demanda por casi 11,000 millones de dólares, más de 270,000 millones de lempiras.
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Según la ZEDE que pertenece a Brimen, recalca que su proyecto fue avalado por el régimen de Juan Hernández, exgobernante hondureño que en abril fue extraditado a Estados Unidos por una acusación de narcotráfico.
En ese sentido, Próspera comunicó que el Gobierno de Xiomara Castro debe decidir entre una demanda internacional u honrar el tratado firmado con Hernández, quien fue reelecto de forma ilegal y a través de un fraude electoral apoyado por el mandato de Donald Trump.
Barquero fue contundente al recalcar que las ZEDE carecen de legalidad porque no puede existir un Estado dentro de un Estado, según lo establece la “Carta Magna” del país.
Y en ese sentido, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha manifestado en su cuenta de Twitter que: “Ninguna empresa que haya nacido violentando la constitución, artículos pétreos, forma de gobierno, territorio y soberanía, va a poder reclamar derechos y no existe ningún tratado internacional, que les pueda amparar, por el contrario, están cometiendo delitos imprescriptibles”.
El pasado 20 de abril, los 128 congresistas votaron unanimidad, para derogar la ley orgánica de las ZEDE, luego que la presidenta Castro sancionará este decreto.
El comisionado presidencial contra las ZEDE, Fernando García, detalló que el Congreso Nacional junto con el Poder Ejecutivo, aprobaron la derogación; sin embargo, Brimen y otros empresarios –que han tenido reuniones con funcionarios de EE.UU.– ignoran el mandato de los hondureños y amenazan la soberanía nacional.
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