El presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, advirtió que la CICIH llegará al país con las facultades para perseguir no sólo a corruptos y corruptores, sino también a quienes a través de personas jurídicas, atentaron contra los hondureños; lo anterior en referencia a los promotores de las derogadas ZEDE que insisten en seguir operacionales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha dicho que la comunidad internacional se muestra satisfecha con el trabajo jurídico que plantearan para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) que además vendrá para perseguir a promotores de las derogadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Así lo ha dicho Redondo tras su regreso al país en una gira por el “viejo mundo” donde sostuvo reuniones con representantes del Parlamento Europeo, manifestando que han ratificado todo su apoyo para que Honduras combata el fenómeno de corrupción.
En ese contexto, el presidente del Legislativo refirió que: “La CICIH debe venir a perseguir a corruptos y corruptores, no solo funcionarios, sino también a los que están detrás de las personas jurídicas que hicieron corrupción”.
Redondo recalcó que las ZEDE fueron organizadas por “estructuras criminales con el apoyo del narcotraficante Juan Orlando Hernández” y que por ello el nuevo Congreso ha ordenado su derogación y cancelación.
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El titular del parlamento hondureño sentenció que: “Todo lo que han tratado de sostener era ilícito de origen. El tema tiene delitos que no prescriben. Las ZEDE si están operando no lo están haciendo bajo un marco jurídico”.
Y es que pese a ser “destruidas” del marco jurídico nacional, los inversionistas de estas “ciudades modelo” siguen adelante con sus proyectos, sobre todo la ZEDE Próspera que pertenece al venezolano-estadounidense, Erick A. Brimen.
El pasado 29 de septiembre, el consejero de la Embajada de Estados Unidos, Roy Perrin, se reunió con Brimen y ejecutivos de Próspera para discutir sobre las oportunidades de inversión en “negocios sostenible”, esto provocó un nuevo roce diplomático.
El canciller Enrique Reina reclamó ante esta reunión: “Crear empleos e inversión es importante, pero en marcos legales limpios. Las ZEDE son la aberración jurídica más grande que surgió de un narco estado que llegó al poder con fraude. Lo que nace contaminado no genera buena imagen”.
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Días más tarde llamó la atención a la embajadora de EE.UU., Laura Dogu, criticando que “cada día su pública intención de injerir en temas de política interna y decisiones soberanas, compromete nuestras relaciones bilaterales”.
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