El sello de honestidad del nuevo Gobierno será garantía para los hondureños en el manejo de los millonarios fondos aprobados para atender la emergencia climática producto de las intensas lluvias, en ese punto coinciden el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino y el subsecretario de Transparencia, Jaime Turcios.
Y es que desde el pasado fin de semana, la presidenta Xiomara Castro aprobó un Decreto PCM donde libera a varias instituciones del Estado para realizar compras directas y distribuir miles de millones de lempiras para “salvar vidas”, un escenario que tiene expectante a la población que en 2020, tras el impacto de dos huracanes, nunca vio llegar la reconstrucción por la exagerada corrupción en el régimen Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Más de 80,000 hondureños han sido afectados por las intensas lluvias que desde inicios de septiembre han azotado al país, según el registro del Comité Permanente de Contingencias (Copeco), la catástrofe climática ha obligado al Gobierno que preside Xiomara Castro a declarar estado de emergencia, liberando miles de millones de lempiras para salvar vidas.
El pasado fin de semana Castro decretó un PCM para que varias instituciones que responden al Ejecutivo puedan ejecutar compras directas y contratación de servicios para atender las urgencias sociales y de infraestructura.
En primera instancia, el Gobierno aprobó traspasar cerca de 315 millones de lempiras a 174 municipios afectados por inundaciones y deslizamientos que, a la fecha obligó evacuar a 16,357 personas; además, se otorgó 32 millones de lempiras al Copeco para sus operativos y otros 120 millones para colaborar en la construcción de casas a los afectados de la Guillén, colonia capitalina afectada por una falla geológica.
Además, según informes de la Secretaría de Finanzas (Sefin), se cuenta con 3,200 millones de lempiras del Banco Mundial (BM) y 10,000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y, recientemente la presidenta aprobó el adelanto de la transferencia de 591 millones de lempiras para 126 alcaldías municipales.
Es decir que, para mitigar los efectos de las lluvias, se cuenta con más de 14,000 millones de lempiras, si es que el Gobierno opta por utilizar completamente el dinero del BM y del BID.
La cifra anterior es “escandalosa” y será la “prueba de fuego” del Gobierno Castro ante la ciudadanía que aún no olvida las mentiras de la dictadura de Juan Hernández –extraditado a Estados Unidos en abril– que aprobó miles de millones de lempiras para atender los efectos de los huracanes Eta e Iota en 2020, y dejó a miles de hondureños sin reconstrucción.
En este contexto, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino –economista y académico laureado–, ha dicho que la administración de estos fondos debe llevar “no solo el sello de honradez de un nuevo Gobierno, sino que también el sello de eficiencia y eficacia en su manejo”.
El doctor Pino amplió que con el PCM se deja en claro las asignaciones que tendrá cada institución y que ya la ley del Presupuesto General permite reorientar fondos de reserva en caso de contingencias. Además, mencionó que varios de los préstamos previamente aprobados para proyectos “han sido reorientados a la emergencia para suplir las necesidades directas”.
En tanto, el subsecretario de Transparencia, Jaime Turcios, ha prometido que cuando se audite la ejecución del dinero “vamos a salir bien calificados de esto”.
El funcionario afirmó que el Gobierno de Castro es serio y responsable, y no permitirá que los damnificados sean privados de las ayudas como en el pasado.
“Estamos con un alineamiento constante de la presidenta, que cuidemos cada centavo que el erario recauda del pueblo hondureño. Yo garantizo que la ONCAE (Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras) estamos trabajando de una manera profesional”, sentenció.
Datos oficiales señalan que actualmente hay más de 7,000 hondureños que se mantienen en albergues en siete departamentos del país, y actualmente se habrían entregado unos 35,000 kits de ayuda entre las 742 comunidades afectadas.
La emergencia se mantendrá vigente por más de 80 días, sentando un precedente nunca visto en el país desde que se creó la semana Morazánica que aglutina todos los feriados de octubre para “potenciar el turismo”, pues por “estimular” a ese sector el régimen anterior descuidó trabajos de contingencia dejando a la nación más vulnerable.
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